La reciente revelación de que alrededor de 1,340 estudiantes de la Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) presentan depresión diagnosticada desata una alarma institucional que va más allá del ámbito sanitario: habla de un déficit estructural de políticas académicas, recursos de salud mental e implicaciones sociales profundas. De una comunidad estudiantil que supera los 19 mil alumnos, ese número representa más del 7 % con un diagnóstico clínico de depresión severa o moderada, y adicionalmente se reporta que cerca de 60 % ha manifestado síntomas de ansiedad. (El Heraldo de Saltillo)
La universidad afirma apoyar a quienes ya están en tratamiento particular mediante seguimiento institucional, tutorías y servicios psicológicos internos. Sin embargo, que una proporción tan alta de estudiantes requiera intervención indica una falla persistente en la prevención y en la articulación entre instituciones educativas, sistemas de salud y políticas sociales.
Este fenómeno no es aislado. Diversos estudios universitarios en México muestran que las tasas de depresión y trastornos emocionales entre jóvenes superan en muchos casos 30 %; un análisis reciente con estudiantes de pregrado apunta a que el 37 % declara síntomas depresivos, con factores asociados como violencia, falta de sentido de pertenencia, historial de padecimientos mentales y disfunción familiar. (PMC) También, investigaciones médicas universitarias reportan prevalencias cercanas al 49 % para depresión y hasta 66 % para ansiedad en estudiantes de ciertas carreras, especialmente en mujeres, con vínculos con baja percepción de apoyo social y experiencias adversas en la infancia. (Estudio sobre estudiantes médicos en México)
Políticamente, el caso de la UA de C exige respuestas que trasciendan la atención clínica individual. Primero, es necesario que las autoridades universitarias articulen programas preventivos efectivos: educación emocional curricular, líneas de contención temprana, seguimiento continuo y detección desde el ingreso. Segundo, debe integrarse con instancias estatales y federales para garantizar recursos públicos de salud mental con cobertura para estudiantes, dignos y oportunos. Tercero, se requiere una evaluación crítica de los factores sociales que alimentan el malestar estudiantil: presión académica, precariedad económica, desigualdad, violencia familiar, falta de reconocimiento institucional.
Sin políticas decididas, esos mil estudiantes con depresión se convierten en cifras epilépticas de un sistema universitario que reproduce la invisibilidad de la salud mental como prioridad. Más aún: esas personas pueden enfrentar abandono de estudios, riesgo de suicidio, bajo rendimiento y traumatismos irreversibles si no se interviene con criterio preventivo y estructural. Según datos globales, uno de cada tres estudiantes universitarios puede presentar un trastorno mental en un año; esa vulnerabilidad exige que las políticas educativas y sanitarias asuman la responsabilidad de actuar antes de que el silencio se convierta en tragedia.
La depresión diagnosticada entre estudiantes de la UA de C no es solo un problema institucional local: es la manifestación de una carencia de Estado social que no supo incorporar la salud mental entre sus prioridades estratégicas. De ese déficit dependen las vidas de jóvenes que, aún antes de egresar, cargan con un dolor invisible que exige visibilidad política, recursos y voluntad.
Con información de: El Heraldo de Saltillo, Estudios sobre estudiantes universitarios y prevalencia de depresión y ansiedad (PMC, Redalyc), Investigaciones sobre salud mental en estudiantes de medicina en México
