El gobierno de Estados Unidos reforzó su estrategia contra el narcotráfico y los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios mexicanos, luego de que el Departamento de Justicia instruyera a fiscales federales a utilizar legislación antiterrorista para procesar casos relacionados con cárteles de la droga.
La medida forma parte de la política impulsada por el presidente Donald Trump tras declarar a varios grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, ampliando así las herramientas legales para perseguir tanto a integrantes de los cárteles como a posibles colaboradores dentro de estructuras gubernamentales.
En este contexto, The New York Times publicó una investigación sobre las presuntas redes de protección política, policial y operativa que habrían permitido durante años la expansión y funcionamiento del Cártel de Sinaloa en distintas regiones del estado.
El reportaje, firmado por la periodista Paulina Villegas, reúne testimonios atribuidos a integrantes de facciones de Los Chapitos y Los Mayos, quienes describieron presuntos mecanismos de colaboración entre autoridades locales y miembros de la organización criminal.
De acuerdo con la publicación, fiscales estadounidenses investigan posibles relaciones sostenidas entre actores políticos y líderes del narcotráfico, particularmente en Sinaloa. Entre los casos mencionados aparece el expediente abierto en Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con actividades criminales.
Según el diario estadounidense, los testimonios recabados describen supuestas filtraciones de información oficial, alertas sobre operativos, rutas de traslado seguras y colaboración de policías locales en tareas de vigilancia, detención selectiva y protección territorial para el cártel.
La investigación también incluye versiones sobre la posible participación de elementos militares en puntos de revisión y retenes, donde integrantes del grupo criminal presuntamente utilizaban códigos previamente acordados para movilizar cargamentos de droga y armamento.
Otro de los señalamientos difundidos apunta a que integrantes del cártel habrían participado en operativos utilizando uniformes oficiales para simular acciones institucionales y cometer delitos bajo apariencia de autoridad.
El reportaje menciona además presuntas acciones de apoyo político durante el proceso electoral de 2021 en Sinaloa, incluyendo intimidaciones y presiones contra adversarios políticos, versiones que forman parte de testimonios obtenidos por el periódico estadounidense y que continúan bajo investigación.
The New York Times sostiene que parte de la estructura de protección institucional se debilitó tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la confrontación interna entre Los Chapitos y Los Mayos, conflicto que se intensificó desde 2024.
La publicación también señala que los presuntos casos de colusión entre autoridades y crimen organizado no serían exclusivos de Sinaloa. Como antecedentes menciona procesos judiciales y acusaciones contra exfuncionarios en entidades como Tamaulipas, Nayarit y Guerrero.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una respuesta oficial detallada sobre varios de los señalamientos difundidos en la investigación periodística.
