por redacción
En el complejo tablero político mexicano aparece con renovado vigor la figura de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI y senador de la República. Lo que en el pasado pudo interpretarse como tensiones abiertas entre su partido y Morena hoy revive con nuevas interpretaciones: algunas voces sugieren que quizá no ha habido plena confrontación, sino una fórmula de convivencia tácita. La idea de un pacto político informal entre Alito y el oficialismo ha cobrado fuerza en recientes semanas, sobre todo en el contexto del proceso de desafuero que enfrenta.
El reproche central gira en torno a que, pese a acusaciones de enriquecimiento ilícito y desviación de recursos por más de 83 millones de pesos durante su gubernatura en Campeche, los embates jurídicos contra Alito han sido contenidamente tibios. El proceso de desafuero, que en teoría debería avanzar con determinación, muestra signos de estancamiento legislativo. Para muchos analistas, no resulta casual que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados —controlada mayoritariamente por Morena— haya demorado decisiones clave, lo cual aviva sospechas de un arreglo no explícito entre ambas fuerzas políticas.
Estas sospechas se fortalecen cuando se considera que Alito ha respondido con denuncias formales contra integrantes de Morena, incluso contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolos de presuntas vinculaciones al crimen organizado y protección institucional dentro de su mandato. La estrategia política resulta ambiciosa: convertirse no en víctima de la persecución, sino en denunciante que eleva la confrontación al ámbito penal. Sin embargo, esas denuncias también enfrentan el escrutinio público de probar sus acusaciones con sustento verosímil.
En paralelo, el discurso de Alito se ha vuelto más agresivo. Ha calificado al gobierno morenista como una “narcodictadura terrorista” y ha denunciado que el partido oficialista actúa con doble moral. Estas expresiones buscan, sin duda, proyectar una narrativa en la que el dirigente priista pasa de estar acorralado a posicionarse como víctima de un aparato político dominante.
Pero ¿cuál sería el objetivo real de un pacto político implícito entre PRI y Morena? En su imaginario estratégico, quizá busca asegurar una tregua tácita que le permita mantenerse como actor político viable, evitar sanciones judiciales severas y conservar influencia para 2027. Para Morena, contener el desgaste institucional que representaría un enfrentamiento jurídico fuerte con el líder priista también tiene ventajas: evitar un efecto dominó que remezca otras estructuras políticas imbricadas.
No obstante, esa hipótesis de pacto enfrenta múltiples desafíos. Primero, exige una disciplina política mutua: Morena no puede mostrar favoritismos de manera demasiado abierta sin exponerse a acusaciones de parcialidad y corrupción. Segundo, la opinión pública exige claridad y justicia: si las sospechas de impunidad persisten, la legitimidad del sistema político salta a debate. Y tercero, el marco jurídico impone límites: los procesos de desafuero, las investigaciones fiscales y el control del fuero constitucional no pueden depender únicamente de acuerdos políticos velados, sino del estado de derecho mismo.
El episodio revela que la política mexicana transita hoy un terreno donde los bloques no necesariamente deben enfrentarse frontalmente; algunas alianzas se construyen en lo subterráneo, entre pactos de no agresión, acuerdos tácitos y mecanismos de contención mutua. El caso de Alito Moreno se convierte así en un espejo del momento político: donde las alianzas tácitas pueden ser tan decisivas como los discursos públicos, y la batalla política se libra tanto en tribunales como en acuerdos silenciosos.
con información de: La Opinión / México
