por Redacción
Durante los últimos días, México ha sido azotado por precipitaciones extraordinarias derivadas del paso de sistemas tropicales, ocasionando inundaciones generalizadas, deslaves y daños severos en al menos cinco estados. Las autoridades federales han confirmado que al menos 64 personas han perdido la vida, mientras que otras 65 continúan desaparecidas, sumándose el reto urgente de búsqueda, rescate y atención a comunidades enteras que hoy enfrentan una emergencia humanitaria.
La Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que los estados más afectados son Veracruz, Hidalgo y Puebla, seguidos por Querétaro y San Luis Potosí. En Veracruz se contabilizan 29 víctimas mortales, en Hidalgo 21 y en Puebla 13, además de un deceso reportado en Querétaro. Las desapariciones se distribuyen mayormente en Hidalgo (43), Veracruz (1) y Puebla (4). Según los registros oficiales, las precipitaciones alcanzaron hasta 280 mm en zonas del estado de Veracruz y 286 mm en Puebla durante el periodo de mayor intensidad del fenómeno climático.
Las lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos, el colapso de bordes carreteros, derrumbes en laderas vulnerables y la ruptura de infraestructura hidráulica. Miles de viviendas resultaron afectadas —se estima que alrededor de cien mil hogares—, mientras que más de cuarenta mil usuarios quedaron sin electricidad. Además, se reportaron daños importantes en puentes, tramos viales y centros de salud en comunidades remotas.
Frente a la magnitud del desastre, el gobierno federal desplegó un operativo con más de diez mil efectivos entre fuerzas armadas y brigadas civiles de rescate, quienes han acudido a comunidades aisladas mediante helicópteros y rutas terrestres para distribuir alimentos, agua potable y medicinas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido que “nadie quedará desamparado” y ha asegurado que los recursos estatales se sumarán a la operación. En su intervención pública, reconoció que algunos accesos aún no pueden restablecerse, pero insistió en que se desplegará toda la capacidad estatal para restablecer la conectividad y dotar de apoyos básicos a las zonas más golpeadas.
Las investigaciones oficiales señalan que el origen de esta tragedia se vincula a los remanentes de la tormenta tropical Raymond y el huracán Priscilla, cuyos efectos combinaron humedad y dinamismo atmosférico extremo, generando lluvias intensas sobre cuencas ya saturadas. En cierto número de regiones, se sobrepasaron límites de acumulación histórica, exacerbando la vulnerabilidad de zonas ya marcadas por la pobreza y la falta de infraestructura adecuada para mitigar eventos hidrometeorológicos extremos.
Más allá de la tragedia humanitaria, este episodio obliga a una reflexión estructural. En primer lugar, sobre la eficacia y alcance de los sistemas de alerta temprana, prevención y gestión del riesgo en zonas de alta exposición. En segundo lugar, sobre la necesidad de planificar obras resilientes (canales, muros de contención, drenajes eficientes) que puedan soportar el creciente impacto del cambio climático. Y en tercero, sobre la urgencia de atender el rezago en infraestructura social —vivienda, salud, caminos— que multiplica el impacto humano ante fenómenos naturales extremos.
El país enfrenta ahora el desafío inmediato de rescatar vidas, atender a los desplazados, restablecer servicios básicos y reconstruir comunidades devastadas. Pero también debe redoblar esfuerzos para anticipar el próximo desastre, fortalecer capacidades locales y articular políticas públicas que coloquen la prevención y la equidad en el centro del desarrollo territorial.
con información de: The Guardian
