El 10 de octubre de 2025, el Congreso del Perú aprobó por amplia mayoría la destitución de Dina Boluarte de la presidencia mediante una moción que la declaró incapaz moral permanente conforme al artículo 113 de la Constitución peruana. La votación alcanzó 122 votos a favor de un total de 130, superando con creces el quórum requerido para revocar su mandato. Esta decisión se produce en un momento de profunda inestabilidad política, escándalos públicos y desaprobación masiva de la gestión estatal.
Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en el Perú. Su llegada al poder fue precedida por turbulencias institucionales y luego estuvo marcada por constantes protestas, acusaciones de corrupción, críticas por la gestión de la seguridad pública y acusaciones de autoritarismo. Durante su administración, emergieron escándalos como el denominado “Rolexgate”, que puso en tela de juicio su patrimonio frente a su modesto salario como funcionaria pública.
Uno de los factores que precipitó su caída fue la creciente ola de violencia y criminalidad en el país, situación que permaneció fuera de control durante su gestión y sobre la cual la población y los actores políticos exigieron responsabilidades. Asimismo, Boluarte enfrentó acusaciones de negligencia en el manejo de protestas y represión estatal. Partidos que previamente la habían apoyado terminaron sumándose a la moción de vacancia, lo que muestra el aislamiento político que sufrió en sus últimos meses en el poder.
Durante el proceso de destitución, Boluarte no acudió al Congreso para defenderse personalmente, lo que fue criticado por su defensa, que alegó falta de tiempo para preparar su defensa. La ausencia ante la votación acentuó su vulnerabilidad política. En virtud de que no contaba con vicepresidentes activos en el momento de la vacancia, la presidencia interina recayó en José Jerí, presidente del Congreso, quien deberá liderar la transición hasta las elecciones previstas para abril de 2026.
La caída de Boluarte agrega un nuevo capítulo a la crisis política crónica que vive Perú: en los últimos años, ningún presidente ha logrado completar su mandato constitucional. Su gestión quedará marcada por la polarización extrema, la exigencia social por justicia, la creciente ciudadanía movilizada y la exigencia de transparencia frente al abuso de poder. El desafío para el nuevo gobierno provisional será restaurar institucionalidad, convocar elecciones credibles y garantizar que la transición no agrave aún más la fractura social existente.
con información de: Huffington Post España
