Nunca antes en décadas se habían registrado precipitaciones de tal magnitud en el centro-oriente mexicano. En pocos días, entidades como Veracruz, Hidalgo y Puebla sufrieron una doble catástrofe: muerte y devastación que rebasaron la capacidad institucional de respuesta. Las lluvias —alimentadas por la confluencia de tormentas tropicales y sistemas frontales extremos— desbordaron ríos, provocaron deslaves y aislaron comunidades completas. Las autoridades han confirmado decenas de muertos y cifras aún inciertas de desaparecidos.
En Veracruz, el río Cazones rebasó sus márgenes y sumergió a Poza Rica, dejando viviendas sumergidas hasta casi cuatro metros de altura en algunas zonas. En ese estado se registraron los mayores acumulados pluviométricos: hasta 540 milímetros entre los días más intensos, lo que generó corrientes que barrieron calles y arrastraron vehículos. En Hidalgo, ríos que normalmente fluyen en cauces controlados se desbordaron con estruendo, mientras que al menos 90 comunidades quedaron incomunicadas por derrumbes y cortes en carreteras primarias. En Puebla, municipios como Huauchinango fueron golpeados por deslaves y muros que cedieron ante la presión del agua y el lodo.
La magnitud del desastre no sólo radica en el número de víctimas —cerca de 60 fallecidos confirmados, con decenas de desaparecidos—, sino en el colapso silencioso de un sistema de gestión del riesgo que hasta ahora se creía adaptado a eventos extremos. Los esfuerzos de rescate, encabezados por fuerzas federales, Marina y Ejército, comenzaron tarde en algunas zonas rurales donde la intervención terrestre resultó imposible. Equipos de búsqueda con perros, helicópteros y maquinaria pesada confrontan el reto de llegar a zonas remotas rodeadas de laderas inestables.
Entre las grietas del desastre aparece una antigua polémica: la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Esta herramienta financiera, creada para atender emergencias meteorológicas, fue eliminada en administraciones anteriores, y su reemplazo por asignaciones presupuestarias directas ha sido criticado por falta de previsibilidad y transparencia. Ahora, con comunidades devastadas, la ausencia de un mecanismo ágil y sustentado adquiere visos de irresponsabilidad institucional.
El gobierno insiste en que dispone de partidas especiales para emergencias —cerca de 19 000 millones de pesos para 2025—, de los cuales ya se han canalizado miles para atención inmediata. Pero ante el terreno arrasado y las rutas destruidas, esos recursos no bastan para mitigar la urgencia de vidas perdidas y hogares hechos cenizas. La apuesta inmediata debe combinar auxilio urgente y reconstrucción estratégica, priorizando la reubicación en zonas de alto riesgo, infraestructura hidráulica reforzada y un sistema de alerta eficaz verdaderamente operativo.
Este evento meteorológico representa una encrucijada de gobernabilidad: la respuesta determinará no sólo la recuperación física del territorio, sino la credibilidad del Estado ante una población golpeada. Si la gestión del desastre termina siendo lenta, opaca o selectiva, el desgaste político será inevitable. México demanda no solo rescates, sino justicia en la rendición de cuentas. Que la memoria de los muertos no se diluya en discursos, sino que se traduzca en acciones preventivas y estructuras capaces de resistir tormentas como esta.
con información de: El País
