El miércoles 14 de octubre de 2025 quedará marcado como un día trágico en Colima: Gabriela “Gaby” Mejía Martínez, exalcaldesa de Cuauhtémoc (2021-2024) y actual regidora, fue asesinada a balazos en plena vía pública, en la colonia El Cariño del municipio. En el ataque también fue herido su hermano, quien conducía el vehículo; horas después se confirmó su deceso. Tenía apenas 34 años y recientemente había asumido la presidencia estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI). El crimen ha sacudido el ámbito político local y nacional, activando de inmediato investigaciones con perspectiva de género y reclamos de justicia.
La agresión fue fulminante: según reportes, la camioneta en que viajaba fue interceptada a bordo de una motocicleta, desde la cual los agresores dispararon sin mediar palabra. Gaby Mejía recibió múltiples impactos mientras su hermano intentaba maniobrar el vehículo para auxiliarla. Aún en el sitio, los cuerpos quedaron atrapados entre la balacera y el abandono institucional. La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación bajo protocolo de feminicidio, desplegando agentes ministeriales, peritos y apoyo de instancias federales para recabar indicios y dar seguimiento.
Más allá del horror del acto, el contexto político lo convierte en un episodio emblemático. En el pasado proceso electoral de 2024, Mejía denunció públicamente hostigamientos por parte de miembros de Morena y de fuerzas estatales, acusando vigilancia, señalamientos de compra de votos y actos de presión política. Estas denuncias, hasta ahora sin una indagatoria visible, revelan un entorno en el que ejercer política de oposición —y más aún siendo mujer— entraña riesgos extremos. Su figura no era la de una edil alejada, sino de una lideresa emergente con proyección en su partido y en las redes de representación femenina.
El asesinato de Gaby Mejía no es un caso aislado en Colima ni en México. En 2025, organizaciones como Data Cívica han documentado centenares de agresiones, amenazas y crímenes contra políticos, funcionarios y aspirantes; un fenómeno creciente que erosiona el derecho ciudadano a elegir y ser elegido sin miedo. En estados como Colima, con altas tasas de homicidio doloso y presencia activa de grupos delictivos, la línea entre crimen organizado y violencia política se vuelve borrosa. En lo que va del año, Colima ha reportado más de 400 homicidios dolosos, lo que aviva la sospecha de que políticos locales se convierten en blancos cuando sus discursos o proyectos horadan intereses.
La reacción política fue inmediata: la gobernadora del estado condenó el ataque, exigió una investigación exhaustiva y demandó colaboración institucional para capturar a los responsables. El PRI, su partido, expresó solidaridad y urgió que el crimen no quede impune. Sin embargo, declaraciones no bastan. Las palabras de repudio se diluyen si no se traducen en resultados: capturas, judicialización, investigación transparente, protección a familias y garantismo para futuras lideresas.
Desde un ángulo político-analítico, el hecho obliga a reflexionar sobre el uso del poder y el equilibrio de fuerzas en zonas donde el Estado tiene huecos de control. ¿Qué tan libres pueden ser las candidaturas locales cuando defender causas sociales o representar agendas de género supone riesgo de vida? ¿Cuántas Gaby Mejía más debe tolerar la democracia antes de que las instituciones sean rebasadas por la violencia simbólica y material contra mujeres en política?
Como nación, México está ante una prueba de su voluntad institucional: demostrar que no tolerará que la lucha por el poder se lleve vidas, ni que el género sea razón de muerte política. Que la memoria de Gaby Mejía impere más allá del escándalo mediático y se traduzca en reformas de protección, justicia expedita y cambios estructurales que eviten que otras mujeres paguen con su vida ejercer política.
con información de: Milenio
