La tragedia volvió a golpear al corazón de la industria textil en Bangladés: un incendio en una fábrica y almacén químico en el distrito de Mirpur, en la capital Dhaka, dejó al menos 16 personas fallecidas y múltiples lesionados. Las autoridades locales confirmaron que el fuego comenzó en el tercer piso del edificio de siete niveles antes de propagarse al depósito contiguo de productos químicos, lo que agravó la catástrofe.
La investigación inicial reveló que una de las principales causas del elevado número de víctimas no fue el fuego mismo, sino la inhalación de gases tóxicos liberados por materiales como plásticos, blanqueadores y peróxidos almacenados en el lugar. Bomberos y testigos informaron que las puertas de la azotea estaban cerradas o aseguradas, impidiendo rutas de escape, lo que probablemente condenó a muchos trabajadores atrapados en los pisos superiores.
Este trágico episodio se suma a un historial preocupante: Bangladés ha vivido incendios industriales y colapsos estructurales de fábricas en el pasado —entre ellos el desastre de Rana Plaza en 2013, que costó la vida a más de mil trabajadores—. A pesar de las reformas impulsadas después de aquel desastre, las medidas de seguridad siguen siendo insuficientes y las inspecciones, en muchos casos, meramente formales.
Desde un enfoque político y económico, el caso pone en evidencia la tensión entre la competitividad industrial global y la protección de los derechos laborales. Bangladés depende de su sector textil para sostener su economía: emplea a más de 4 millones de personas y representa una gran parte de sus exportaciones. Sin embargo, las presiones internacionales por mantener costos bajos han derivado en condiciones precarias, largas jornadas, falta de protocolos de emergencia y el uso de instalaciones sin medidas básicas de seguridad.
En las últimas décadas, la producción global ha desplazado gran parte de la manufactura a países del sur asiático, donde los salarios bajos y la escasa fiscalización permiten a grandes marcas maximizar sus ganancias. Sin embargo, tragedias como esta ponen sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el consumo global es cómplice del riesgo laboral que enfrentan miles de trabajadores invisibles?
La respuesta no solo debe venir desde los organismos internacionales o las empresas, sino también desde los gobiernos nacionales, que deben garantizar estándares mínimos de seguridad industrial, establecer inspecciones reales y sancionar con rigor a los responsables. Las víctimas del incendio en Dhaka no murieron solo por el fuego, sino por un sistema económico que, una y otra vez, privilegia la rentabilidad sobre la vida humana.
con información de: Reuters
