El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó este martes que en el municipio de Badiraguato se han producido ataques con drones dirigidos a varias comunidades de la sierra, como parte de una estrategia de intimidación vinculada al crimen organizado. Según el mandatario, dichos aparatos han sido utilizados por grupos delictivos para vigilar movimientos, lanzar artefactos explosivos e imponer miedo entre los pobladores, lo que ha desencadenado un desplazamiento forzado de familias hacia otras zonas del municipio e incluso hacia la ciudad de Culiacán.
Rocha Moya explicó que ya se han desplegado operativos en la zona afectada y se han asegurado varios drones, así como materiales para fabricar explosivos caseros. El uso de estos dispositivos sin control aparente agrava un escenario de violencia ya tensionado por la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa —conocidas como “Los Chapitos” y “La Mayiza”— que desde 2024 se disputan el control del territorio en esta región del estado.
Las comunidades serranas afectadas señalan una sensación de vulnerabilidad inédita: el zumbido de los drones, seguida de explosiones o de advertencias tácitas, ha sido suficiente para que muchas personas huyan sin pertenencias, dejando atrás viviendas, cultivos y ganado. El gobernador advirtió que ese fenómeno de desplazamiento repentino se encuentra ya bajo atención a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del estado.
Este tipo de tácticas —el uso de drones para generar terror en poblaciones rurales— plantea además nuevos retos para la seguridad estatal y federal: la topografía accidentada de la sierra, la limitada presencia institucional y la elevada capacidad de los grupos delictivos para operar con tecnología ligera convierten al municipio de Badiraguato en un escenario especialmente vulnerable. En declaraciones recientes, el Ejecutivo estatal advirtió que este escenario exige una redefinición de la estrategia de seguridad que combine acciones de inteligencia, presencia estatal y protección comunitaria.
El desplazamiento interno derivado del conflicto no solo afecta vidas humanas, sino que también impacta la economía local y la cohesión de las comunidades. Las personas desplazadas enfrentan interrupción de servicios básicos, pérdida de ingresos y un entorno de incertidumbre sobre su retorno. En el contexto de Sinaloa, donde la violencia ya ha cobrado miles de víctimas en el último año, este nuevo capítulo —empezando por el municipio que vio nacer a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán— suma elementos inéditos de complejidad.
En resumen, el anuncio del gobernador Rocha Moya expone una escalada de violencia en zonas rurales de Sinaloa: la utilización de drones por grupos delictivos para sembrar terror y desplazar pobladores refleja una transformación en el modo de operar del crimen organizado y un desafío creciente para la seguridad pública. La respuesta institucional deberá ir más allá del operativo puntual: exige un diseño estratégico de largo plazo que incluya estabilidad, justicia y reconstrucción del tejido social en una región desgarrada por años de conflicto.
Con información de: EFE, El País, UDGTV
