La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes una estrategia integral destinada a recuperar el control de la seguridad en el estado de Michoacán, donde el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado 1 de noviembre detonó protestas y urgió a reforzar la presencia federal. El plan —denominado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”— busca atender las raíces de la violencia, mediante acciones coordinadas de seguridad, desarrollo y cultura de la paz.
Sheinbaum explicó que su gabinete federal iniciará esta semana un recorrido por los municipios de Michoacán para incorporar las voces de pueblos originarios, víctimas, sector productivo y organizaciones sociales en la construcción del plan, que será presentado formalmente a finales de esta semana o a comienzos de la próxima.
La estrategia se asienta en tres ejes definidos: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. En el primero se prevé fortalecer la presencia de las fuerzas federales —incluyendo unidades conjuntas de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales— crear una fiscalía especializada de inteligencia para delitos de alto impacto y establecer mesas quincenales de seguridad, así como un sistema de alerta para presidentes municipales. En el segundo y tercer eje se contemplan nuevas oportunidades laborales para jornaleros agrícolas, estímulos productivos, becas universitarias, centros culturales y de deporte comunitario.
La mandataria enfatizó que el plan no pretende replicar una estrategia militarizadora del pasado, sino construir paz desde el respeto a la vida, la justicia y el desarrollo humano: “La seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida”, afirmó.
Michoacán, escenario de altos niveles de violencia vinculados al crimen organizado, vive una situación crítica que pone a prueba el enfoque de la presente administración. El homicidio del alcalde de Uruapan reflejó la vulnerabilidad de los gobiernos locales frente a grupos delictivos que extorsionan, secuestran y ejecutan. Con el anuncio del plan, el gobierno federal busca restaurar la gobernabilidad y enviar un mensaje de que el Estado actúa.
