El Instituto Nacional Electoral (INE) inició una revisión de su estructura directiva y de los procedimientos administrativos relacionados con adquisiciones y contrataciones, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo. Los cambios ocurren en medio de señalamientos periodísticos sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en la relación con empresas proveedoras.
Blanca Yassahara Cruz García, designada presidenta provisional del Consejo General el 27 de octubre, encabezará esta etapa de reorganización, mientras las consejerías buscan garantizar la continuidad de las funciones del instituto y la atención de las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con información publicada por El País, entre las medidas planteadas se encuentra la revisión de los funcionarios que ocupan puestos directivos, así como la suspensión de nuevos procedimientos de contratación. El objetivo es evaluar la operación de las áreas estratégicas y determinar qué ajustes administrativos resultan necesarios, sin anticipar conclusiones sobre las personas señaladas.
Entre los cambios reportados se encuentra la salida de José Alberto Pérez de Acha, quien encabezaba la Unidad Técnica de Servicios de Informática. También se solicitaron las renuncias de Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.
Los funcionarios fueron mencionados en reportes periodísticos sobre reuniones sociales en las que también habría participado el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado comercialmente con el instituto. Estas publicaciones han generado cuestionamientos sobre posibles vínculos entre servidores públicos y proveedores, asuntos que deberán ser esclarecidos por las instancias competentes.
La revisión también comprende la Dirección Ejecutiva de Administración, responsable de procesos vinculados con el presupuesto, las adquisiciones, las licitaciones, las contrataciones y la nómina del organismo. Esta área ha sido objeto de atención por los señalamientos sobre la relación entre funcionarios y empresas que suministran bienes y servicios al INE.
Otro antecedente señalado en las publicaciones periodísticas es la salida de Jesús Octavio García de la titularidad de esa dirección, después de que se conociera su relación previa como apoderado legal de Cajas Graf, empresa proveedora de material electoral. Los reportes han vinculado a esa compañía con la red empresarial objeto de cuestionamientos, sin que ello constituya por sí mismo una determinación de responsabilidad.
La revisión podría abarcar otras áreas estratégicas, entre ellas Fiscalización, Comunicación Social, Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica, Registro Federal de Electores, Prerrogativas y Partidos Políticos, así como Vinculación con Organismos Públicos Locales. Los cambios deberán considerar tanto la evaluación de los nombramientos como las necesidades operativas de cada unidad.
Por el momento, el INE mantiene sus actividades ordinarias y la preparación del proceso electoral 2026-2027. La institución confirmó que el Consejo General acordó preservar la continuidad de sus operaciones tras la salida de Taddei, mientras Blanca Cruz ocupa provisionalmente la presidencia hasta que la Cámara de Diputados designe a la persona que concluirá el periodo correspondiente.
En este contexto, las consejerías han expresado su disposición a colaborar con los órganos de control y fiscalización para atender los requerimientos de información relacionados con las denuncias sobre posibles irregularidades administrativas. Las investigaciones deberán establecer si existieron faltas y, en su caso, determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
La consejera Rita Bell López Vences también hizo señalamientos sobre presuntos acercamientos con Hernández Casillas y sobre denuncias anónimas relacionadas con el manejo administrativo del instituto. Otros integrantes del Consejo General, entre ellos Norma Irene De la Cruz y Jorge Montaño, negaron haber tenido vínculos con el empresario o sus compañías.
Durante la sesión en la que se designó a la presidenta provisional, representantes partidistas y consejeros plantearon la necesidad de esclarecer los hechos y evitar que el cambio en la conducción del organismo interrumpa las investigaciones. Los señalamientos sobre posibles conflictos de interés, colusión o manejo irregular de recursos permanecen sujetos a verificación.
La reorganización ocurre mientras el INE prepara las elecciones de 2027. El proceso electoral federal contempla la renovación de las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, mientras que, en coordinación con los organismos electorales locales, se organizarán comicios para miles de cargos en las entidades federativas.
La prioridad del organismo será mantener la operación electoral y, al mismo tiempo, revisar sus procedimientos administrativos. Los resultados de las investigaciones y las decisiones sobre la permanencia de funcionarios deberán sustentarse en evidencia y en las atribuciones legales de las autoridades correspondientes.
