El síndico del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, informó ante la Comisión del Senado que la subasta de la siderúrgica podría arrancar en enero de 2026, una vez que se autorice la convocatoria oficial.
Aguilera detalló que ya se entregó el calendario de actividades restantes y que la próxima semana podría emitirse el llamado para los interesados en adquirir la unidad productiva. El valor estimado se fijó en alrededor de 1,326 millones de dólares, con un precio mínimo referencial cercano a 1,127 millones, aunque la cifra final dependerá del mercado. Hasta ahora, ocho inversionistas nacionales y extranjeros han manifestado interés formal.
El pasivo acumulado es superior a 61 mil millones de pesos, dividido entre deudas con acreedores financieros (22 mil millones), dependencias gubernamentales (17 mil millones) y obligaciones con trabajadores y proveedores (22 mil millones).
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo revisa expedientes laborales para garantizar que los trabajadores sean reconocidos adecuadamente como acreedores preferentes y que sus derechos se reflejen en el reparto de recursos.
Durante la reunión, los senadores subrayaron la importancia de que los trabajadores conozcan el estado real del patrimonio de la empresa, los posibles movimientos de activos y el destino de los recursos obtenidos; y manifestaron haber recibido inconformidades por presuntos “excesos” en la nómina de quienes administran el proceso concursal.
El caso AHMSA es considerado uno de los procedimientos más complejos del sector industrial mexicano por su tamaño y su impacto económico en la región. Las autoridades esperan que la subasta y el cumplimiento con los acreedores permitan eventualmente reactivar la operación de la siderúrgica.
La caída de AHMSA tomó fuerza durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando los señalamientos por presuntos actos de corrupción, la detención de su exdirector, la disputa por el pago del sobreprecio de AgroNitrogenados y la presión fiscal y financiera derivaron en la paralización de operaciones. La falta de acuerdos con nuevos inversionistas y el incumplimiento de pagos fueron hundiendo a la empresa hasta llevarla al concurso mercantil que hoy la encamina a una subasta definitiva.
Con información de Periódico Reforma
