redacción EI Coahuila.
El delito de extorsión continúa al alza en México y se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad y económicos del país. De acuerdo con cifras oficiales, este ilícito registra un incremento de más de 23 por ciento en comparación con el periodo de enero a noviembre de 2019, lo que confirma una tendencia sostenida durante los últimos años.
Durante la conferencia matutina, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, señaló que si bien el acumulado anual refleja un aumento, en los meses recientes se ha observado una reducción en el promedio diario de víctimas. Este descenso comenzó a partir de julio, cuando se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gabinete de Seguridad.
Según los datos presentados, desde la implementación de esta estrategia las denuncias formales por extorsión disminuyeron, mientras que los reportes al número 089 aumentaron de manera considerable. Este cambio permitió prevenir más de 77 mil intentos de extorsión, principalmente en su modalidad telefónica, antes de que se concretaran daños económicos para las víctimas.
No obstante, las cifras generales muestran la gravedad del fenómeno. Entre enero y octubre de 2025 se registraron 9 mil 436 víctimas de extorsión, el nivel más alto en la última década y un aumento de 3.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En comparación con 2019, el crecimiento acumulado es de casi 23 por ciento, lo que confirma que el problema persiste pese a los esfuerzos recientes.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde julio se han recibido más de 102 mil llamadas relacionadas con extorsión, de las cuales tres cuartas partes correspondieron a intentos no consumados. Como resultado de estas denuncias, se abrieron miles de carpetas de investigación y se logró la detención de más de 600 personas vinculadas con este delito en el segundo semestre del año.
Las acciones operativas se concentraron en entidades como Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas. Además, las autoridades identificaron centros penitenciarios como focos relevantes en la generación de llamadas de extorsión, lo que derivó en bloqueos de líneas telefónicas, desmantelamiento de antenas y el corte total de servicios de telefonía móvil en diversos reclusorios.
De acuerdo con el plan federal, durante el primer trimestre de 2026 se extenderá el bloqueo de comunicaciones a todos los centros penitenciarios federales y a los de la Ciudad de México, como parte de un esfuerzo por desarticular redes que operan desde el interior de las cárceles.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión prioriza ocho estados que concentran dos tercios de los casos a nivel nacional y se sustenta en labores de inteligencia, unidades especializadas, atención a víctimas, fortalecimiento de los canales de denuncia y campañas de prevención. Autoridades federales han insistido en que la extorsión es uno de los delitos que mayor daño social genera, no solo por su impacto económico, sino por las afectaciones emocionales que provoca.
En paralelo, el Congreso aprobó recientemente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece la persecución de oficio de este ilícito y endurece las sanciones, con penas que pueden superar los 40 años de prisión en casos agravados. La legislación busca homologar criterios a nivel nacional y fortalecer la respuesta institucional frente a un delito que continúa expandiéndose.
con información de Animal Político
