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En menos de diez días, el Gobierno de México entregó a las autoridades de Estados Unidos a dos de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en una señal de reforzamiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, en un contexto de creciente presión desde Washington.
Las entregas corresponden a Alejandro Rosales Castillo y Ryan Wedding, ambos incluidos en la lista de los diez objetivos prioritarios del FBI. Estos casos se suman a la extradición de decenas de líderes criminales realizada en semanas recientes, en medio de tensiones regionales y tras la visita a México del director del FBI, Kash Patel.
Alejandro Rosales Castillo fue detenido por autoridades mexicanas el sábado pasado. Es señalado por el homicidio de una mujer ocurrido en Carolina del Norte en 2016 y contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por autoridades estadounidenses.
Por su parte, Ryan Wedding, ciudadano canadiense y exatleta olímpico, fue entregado el viernes a agentes del FBI luego de presentarse en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Wedding enfrenta cargos por tráfico de drogas y múltiples homicidios, y es identificado por la agencia estadounidense como integrante del Cártel de Sinaloa, con una operación transnacional de narcotráfico que habría funcionado durante más de una década entre México, Estados Unidos y Canadá.
Las entregas se concretaron durante la visita oficial del director del FBI a México, quien sostuvo reuniones con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como con representantes de la Fiscalía General de la República. Al término de la visita, el propio Harfuch confirmó que el funcionario estadounidense regresó a su país con dos objetivos prioritarios bajo custodia.
El Gobierno mexicano ha subrayado que estas acciones forman parte de una estrategia de cooperación en seguridad basada en el respeto a la soberanía nacional y el principio de responsabilidad compartida. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que, si bien las extradiciones responden a solicitudes formales del Departamento de Estado, cada caso es evaluado conforme a la política de seguridad nacional.
Desde Washington, funcionarios estadounidenses han destacado el nivel de colaboración con la actual administración mexicana, calificándolo como uno de los más estrechos de las últimas décadas. Para el gobierno de Estados Unidos, las extradiciones representan avances en su estrategia contra organizaciones criminales, particularmente en un contexto político y electoral sensible.
Las entregas de Rosales Castillo y Wedding se interpretan como parte de una ofensiva más amplia del Gobierno mexicano para contener presiones externas y demostrar capacidad de acción frente al crimen organizado, en un escenario regional marcado por operaciones de seguridad unilaterales y crecientes exigencias de cooperación internacional.
Con información de El País
