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Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el dictamen de la reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La votación arrojó 24 votos a favor y 11 en contra, con la notable ausencia de los senadores del Partido del Trabajo, quienes no participaron en la sesión.
El proyecto llegó al Senado luego de que el “Plan A” de reforma electoral fuera rechazado en la Cámara de Diputados con los votos del Partido Verde y el PT. Esta segunda versión plantea cambios menos ambiciosos: ya no propone eliminar a los legisladores plurinominales ni reducir el presupuesto de los partidos y del INE.
Entre los puntos centrales del dictamen destaca la modificación al artículo 35 constitucional para permitir que la revocación de mandato se realice de manera concurrente con las elecciones intermedias de 2027, jornada en la que se renovarán 500 diputaciones federales, congresos estatales, la mayoría de las presidencias municipales y 17 gubernaturas.
El dictamen también contempla ajustes a la integración de los ayuntamientos, con un rango de entre 7 y 15 regidores según la población del municipio, además de establecer que los presupuestos de los congresos locales solo podrán actualizarse conforme a la inflación, sin posibilidad de incrementos adicionales.
Uno de los puntos más polémicos es que se mantiene la posibilidad de que, si se solicita la consulta de revocación de mandato, la presidenta Sheinbaum pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor.
La oposición, integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, calificó la iniciativa como un mecanismo para otorgar ventajas electorales a la presidenta y vulnerar la autonomía estatal. El senador Ricardo Anaya calificó el proyecto como la iniciativa más “chafa y mal hecha” enviada por la presidenta, y denunció que, mientras la mandataria podría promover su revocación, a la oposición se le prohíbe contratar propaganda.
El senador del PAN, Marko Cortés, afirmó que su bancada votará en contra al considerar que la reforma no reduce costos y otorga más privilegios al Ejecutivo, incluyendo el uso de recursos públicos para promover su permanencia en el cargo.
Por el lado oficialista, la senadora de Morena Verónica Díaz Robles celebró la aprobación y aseguró que la iniciativa profundiza la transformación, mientras que el senador del Partido Verde, Luis Alfonso Silva Romo, defendió que la reforma busca reducir privilegios en congresos estatales y cabildos.
El reto mayor será la votación en el pleno, donde Morena no alcanza por sí solo la mayoría calificada sin el apoyo del PT. La senadora petista Geovanna Bañuelos dejó abierta la posibilidad de respaldar la reforma, mientras la oposición aseguró que votará en bloque en contra. De aprobarse en el pleno, la iniciativa pasaría a la Cámara de Diputados y posteriormente deberá ser avalada por los congresos estatales para completar el proceso legislativo.
Con información de Infobae.
