Redacción
El Senado de la República aprobó en la madrugada del jueves la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero con un golpe político que le costó caro a Palacio Nacional: el Partido del Trabajo (PT), su propio aliado de coalición, le cercenó la pieza más ambiciosa del paquete. La revocación de mandato no se adelantará a 2027 y, con ello, Sheinbaum no podrá salir a hacer campaña disfrazada de consulta ciudadana en medio de las elecciones del año entrante.
El dictamen se aprobó en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra — el mínimo de mayoría calificada necesario era 86 — con el respaldo de Morena, el PT y el PVEM, y el rechazo unánime del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Pero en la discusión en lo particular, el PT presentó una reserva para eliminar el artículo 35 del proyecto, que era el corazón político de la iniciativa. La reserva prosperó. Morena tuvo que tragarse la derrota y llamarla victoria.
Lo que sí se aprobó
La parte que sobrevivió al PT es la siguiente:
• Tope salarial para autoridades electorales: Consejeros del INE, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas de los organismos locales electorales y tribunales electorales de los estados no podrán ganar más que la presidenta de la República. Reforma al artículo 134 constitucional.
• Eliminación de prestaciones de lujo: Las mismas autoridades electorales tampoco podrán contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales ni regímenes especiales de retiro.
• Recorte al presupuesto del Senado: Reducción gradual del 15% en cuatro años, comenzando en 2027 y concluyendo en 2030.
• Techo presupuestal a los congresos locales: El presupuesto anual de los congresos estatales no podrá exceder el 0.70% del Presupuesto de Egresos total de cada entidad. Reforma al artículo 116.
•Límite al número de regidores en ayuntamientos: Los municipios podrán integrarse con una sindicatura y un máximo de 15 regidurías. Reforma al artículo 115.
El oficialismo presume que con estas medidas se ahorrarán alrededor de 5 mil millones de pesos anuales, que serían redirigidos a salud, educación y programas de bienestar.
Lo que se cayó
La propuesta de reformar el artículo 35 constitucional para adelantar la revocación de mandato al tercer año del sexenio, es decir a 2027, en plena jornada electoral quedó fuera. Con las reglas actuales, el mecanismo no puede activarse sino hasta el cuarto año, lo que empuja cualquier eventual consulta a 2028.
La senadora petista Lizeth Sánchez, voz del PT en la reserva, argumentó que mezclar la revocación de mandato con un proceso electoral distorsiona su sentido democrático y que ambos mecanismos tienen propósitos distintos. Lo que no dijo, pero todos en el Senado sabían, es que el PT no estaba dispuesto a regalarle a Sheinbaum una plataforma legal para recorrer el país con micrófono en mano durante las elecciones de 2027, cuando se renovarán alcaldías y habrá comicios federales.
La oposición fue más directa. Desde la tribuna, la panista Mayuli Latifa Simón lo sintetizó sin eufemismos: la presidenta quería usar la revocación para hacer campaña por Morena, y su propio partido se lo impidió.
Un Plan B que ya necesita Plan C
No es el primer tropiezo de Sheinbaum en materia electoral. A principios de marzo, la Cámara de Diputados había rechazado su primera iniciativa de reforma con votos en contra de sus propios aliados. Esta versión, bautizada Plan B, llegó al Senado ya recortada, y salió aún más acotada.
La presidenta intentó minimizar el golpe en su conferencia mañanera del jueves: dijo que “se aprobó lo principal” y que la reducción de privilegios le importaba más que el artículo de la revocación. Pero también reconoció, en la misma frase, que la caída del artículo 35 era “malo para el país”.
El dictamen regresa ahora a la Cámara de Diputados para su revisión. Si se aprueba sin cambios, deberá ser avalado por al menos 17 de los 32 congresos locales para quedar inscrito en la Constitución. El recorrido sigue. El plan original, en cambio, ya no existe.
