Organizaciones ambientalistas expresaron dudas sobre la creación de un comité técnico-científico anunciado por el gobierno federal para evaluar la extracción de gas no convencional en México.
De acuerdo con la Alianza Mexicana Contra el Fracking, este grupo no representaría un proceso real de deliberación, sino un mecanismo para respaldar una decisión previamente definida en torno al uso de esta técnica.
El comité, que se prevé sea encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, surge en un contexto de cambio en la postura del gobierno federal respecto al fracking, luego de que en la administración anterior se rechazara su uso por considerarse incompatible con compromisos ambientales.
Actualmente, la posibilidad de implementar esta técnica ha sido planteada bajo el argumento de fortalecer la soberanía energética del país.
Las organizaciones señalaron que la preocupación no se limita a la integración del comité, sino al enfoque del análisis, al advertir que un grupo sin apertura ni capacidad de concluir en una eventual prohibición no constituiría un ejercicio legítimo.
La vocera del colectivo, Alejandra Jiménez, indicó que el fracking no debe abordarse únicamente desde una perspectiva técnica, debido a sus implicaciones en ámbitos políticos, ambientales, territoriales y de derechos humanos.
También advirtió que delegar la discusión exclusivamente a especialistas puede generar una percepción de neutralidad, pese a los riesgos asociados a esta práctica.
Entre las preocupaciones mencionadas se encuentran el alto consumo de agua, la posible contaminación de acuíferos, las fugas de metano y los efectos en la salud de las comunidades.
Además, señalaron que avanzar en el uso del fracking implicaría reforzar un modelo energético basado en combustibles fósiles.
El debate ocurre en un contexto de creciente demanda de gas natural en México, acompañado de una disminución en la producción nacional y un aumento en las importaciones, principalmente desde Estados Unidos.
Ante este escenario, el fracking ha sido considerado como una alternativa para reducir la dependencia energética.
Sin embargo, las organizaciones insistieron en que la legitimidad del comité dependerá de su apertura, transparencia y de su capacidad para evaluar todas las opciones, incluida la posibilidad de recomendar la prohibición de esta técnica.
Indicaron que la instalación de este grupo será determinante para establecer si se trata de un ejercicio genuino de análisis o de un mecanismo para validar una política ya definida.
