A dos años de su puesta en marcha, el proyecto del Tren Maya mantiene cuestionamientos sobre su impacto económico y social en el sureste del país, región donde fue presentado como un detonante de desarrollo turístico y productivo.
Con una extensión aproximada de mil 500 kilómetros, la obra fue impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como uno de los proyectos prioritarios de infraestructura. Sin embargo, reportes locales y testimonios de habitantes indican que los beneficios prometidos no se han reflejado de manera consistente en las comunidades cercanas a su ruta.
En distintas localidades de entidades como Campeche y Quintana Roo persisten condiciones de rezago, incluyendo limitaciones en servicios básicos como agua potable y electricidad, así como dificultades para acceder a empleos formales y mejor remunerados.
Información de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha documentado que, tras el impulso económico asociado a la fase de construcción, algunas regiones han mostrado una desaceleración en su actividad, mientras que la informalidad laboral continúa siendo un factor relevante en el sur del país.
En el ámbito operativo, el sistema ferroviario registra niveles de demanda por debajo de las proyecciones iniciales, con tramos que presentan baja ocupación. A ello se suma que la infraestructura turística vinculada, como hoteles cercanos a las estaciones, reporta niveles reducidos de afluencia.
El costo total del proyecto también ha superado las estimaciones originales, mientras que los ingresos generados actualmente no cubren en su totalidad los gastos operativos, de acuerdo con cifras oficiales difundidas en distintos informes públicos.
Paralelamente, organizaciones sociales y comunidades indígenas han señalado preocupaciones relacionadas con impactos ambientales, cambios en el uso del territorio y procesos de consulta considerados insuficientes.
Pese a estos señalamientos, el gobierno federal ha sostenido que el proyecto mantiene un potencial de desarrollo a mediano y largo plazo, destacando su capacidad para integrar regiones históricamente rezagadas.
El balance a dos años de operación refleja un escenario mixto, en el que conviven expectativas de crecimiento con desafíos estructurales aún no resueltos en las comunidades del sureste.
Con información de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informes oficiales del Gobierno de México, reportes de medios nacionales.
