Nuevos señalamientos periodísticos colocan a Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el centro de una presunta trama financiera relacionada con la investigación que autoridades estadounidenses mantienen sobre exfuncionarios del gobierno de Sinaloa. Las acusaciones fueron difundidas por el periodista Carlos Loret de Mola en una columna publicada este martes, en la que cita fuentes con acceso a indagatorias en curso.
De acuerdo con esa versión, el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, habría sido el encargado de coordinar la entrega de recursos en efectivo a los hijos del exmandatario. El exfuncionario formó parte del gabinete del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y aparece entre los nombres señalados en investigaciones difundidas recientemente sobre presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y estructuras criminales.
Según lo expuesto por Loret de Mola, el flujo de dinero habría operado mediante una red de empresas presuntamente utilizadas para lavado de recursos, mecanismo que, según las fuentes citadas, también habría facilitado contratos de obra pública, proyectos inmobiliarios, permisos de explotación y operaciones ligadas a sectores estratégicos en la entidad. La columna sostiene que las entregas se realizaban tanto en Sinaloa como en la Ciudad de México, dependiendo de la ubicación de los presuntos receptores.
La publicación también menciona la participación de Amílcar Olán, identificado como presunto operador financiero cercano al círculo de los López Beltrán. Su nombre ya había aparecido previamente en reportes periodísticos relacionados con contratos de suministro vinculados a proyectos federales como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Según la versión difundida, habría intervenido como enlace operativo en distintas transacciones cuando los hijos del exmandatario no participaban directamente.
Estas revelaciones se producen en medio de la presión política derivada de las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra una decena de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Entre los señalamientos se incluyen presuntos actos de protección institucional al Cártel de Sinaloa, lavado de dinero, corrupción y colaboración política con organizaciones criminales.
En ese contexto, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo el pasado 1 de mayo, mientras continúan las repercusiones políticas y judiciales del caso. Hasta el momento, no se ha informado de una respuesta oficial por parte de los hijos del expresidente respecto a los nuevos señalamientos difundidos en la columna periodística.
Con información de El Universal
