El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en una situación jurídica y política sin precedente en México: acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, sin fuero y con una escolta oficial asignada por el Gabinete de Seguridad federal.
El 29 de abril de 2026, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York señalaron a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para proteger operaciones de narcotráfico, facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y recibir sobornos a cambio de apoyo institucional.
Ante ello, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se recomendó asignar una escolta de seguridad a Rocha Moya como medida preventiva, aclarando que no existe información sobre alguna amenaza directa en su contra. García Harfuch precisó que la protección fue resultado de evaluaciones de riesgo del propio Gabinete de Seguridad, no de una petición del exmandatario, y que se trata de pocos elementos para su resguardo.
El pasado 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia como gobernador. El Congreso de Sinaloa aprobó esa petición en sesión extraordinaria el sábado 2 de mayo, en la que también fue designada Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.
Al separarse de su cargo, Rocha Moya perdió la inmunidad procesal que lo protegía. El exministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar aclaró que la llamada inmunidad procesal, conocida como fuero, es una garantía para que ciertos servidores públicos no sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia, y que esa protección desaparece al dejar el cargo. Juristas como Zaldívar y Gabriel Regino coinciden en que el fuero protege la función y no a la persona, tal como ocurrió con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte.
En contraste, el senador morenista Enrique Inzunza, también señalado en las acusaciones estadounidenses, conserva su fuero constitucional mientras permanezca en el cargo.
En cuanto al proceso de extradición, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el gobierno de Estados Unidos debe presentar las pruebas correspondientes para establecer la urgencia que sustenta la solicitud de detención provisional, lo cual no ha ocurrido hasta ahora. Mientras eso no suceda, la Fiscalía General de la República no puede avanzar ante un juez.
El caso marca un hito porque es la primera vez que se acusa a un gobernador en funciones en México. En caso de comprobarse el vínculo con el Cártel de Sinaloa, podría convertirse en el primer mandatario estatal en ser extraditado a Estados Unidos.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Luisa María Alcalde rechazaron el manejo público del caso por parte de Washington, argumentando que los procesos de esta naturaleza son confidenciales conforme a los tratados internacionales. Sheinbaum señaló que si la FGR recibe pruebas claras y contundentes, se abrirán investigaciones y se procederá conforme a derecho, pero advirtió que sin esos elementos las acusaciones podrían tener un trasfondo político.
García Harfuch reiteró que el Gabinete de Seguridad mantiene su presencia en Sinaloa, respalda a la gobernadora interina Bonilla Valverde y trabaja en una estrategia de seguridad estatal que contempla la reducción de homicidios y la entrega de 100 patrullas a la policía del estado.
Rocha Moya, por su parte, ha rechazado categóricamente todas las acusaciones y asegura que carecen de veracidad y fundamento.
