Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, solicitó el 5 de mayo una licencia sin goce de sueldo ante la Fiscalía General del Estado, en medio de acusaciones formales presentadas por el Distrito Sur de Nueva York que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos.
La medida se concretó horas después de que la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reconociera que se analizaba la posible separación del funcionario para que las investigaciones pudieran avanzar sin interferencias. Solo un día antes, la misma dependencia había informado que Castro Zaavedra continuaría en pleno ejercicio de sus funciones.
En el documento de licencia, el vicefiscal manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento institucional “por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”.
Las acusaciones fueron presentadas el 29 de abril por el fiscal federal Jay Clayton, con respaldo de la DEA. Según el expediente estadounidense, Castro Zaavedra —identificado con el alias “Culiacán Regio”— habría recibido aproximadamente 200 mil pesos mensuales entre 2021 y septiembre de 2024 a cambio de proteger operaciones del cártel, evitar detenciones de sus integrantes y filtrar información sobre operativos de seguridad. Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, delitos que en Estados Unidos pueden acarrear cadena perpetua.
Castro Zaavedra cuenta con más de dos décadas de experiencia en procuración de justicia en Sinaloa y participó en la implementación del sistema penal acusatorio en la entidad. En años recientes ascendió a vicefiscal y llegó a desempeñarse como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado.
La fiscal Sánchez Kondo subrayó que el principio de presunción de inocencia debe respetarse durante el proceso. “Hay un principio de presunción de inocencia para todas las personas. Hasta este momento, la investigación está en su curso y estamos atentos a lo que se resuelve”, declaró.
En el plano federal, la Fiscalía General de la República informó el 1 de mayo que no procedía aún la detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos, debido a que no se cumplían los requisitos legales. La FGR exigió al gobierno estadounidense que remita las pruebas y documentos necesarios que respalden los señalamientos antes de fijar una postura institucional.
Castro Zaavedra se suma así a la lista de funcionarios sinaloenses que se han separado temporalmente de sus cargos desde que se hicieron públicas las acusaciones: el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ya habían presentado licencias previamente.
con información de Infobae.
