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Autoridades migratorias de Canadá detuvieron en el aeropuerto internacional de Montreal-Trudeau a Diana Toro Díaz, identificada por autoridades estadounidenses como presunta colaboradora financiera del Cártel de Sinaloa, cuando intentaba ingresar al país con documentación falsa.
La mujer, de 44 años y con nacionalidad colombiana y mexicana, permanece bajo resguardo en un centro de detención migratoria mientras la Junta de Migración y Refugiados de Canadá determina su situación legal y define si procede su permanencia, deportación o eventual extradición.
De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, la captura ocurrió tras detectarse irregularidades en el pasaporte con el que pretendía internarse en territorio canadiense.
Toro Díaz fue incluida en 2010 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de personas sancionadas bajo la Ley Kingpin, legislación utilizada para bloquear bienes y restringir operaciones financieras de individuos y empresas presuntamente vinculados con organizaciones del narcotráfico internacional.
Las autoridades estadounidenses la señalaron como parte de una estructura financiera relacionada con Alejandro Flores Cacho, piloto señalado por presuntamente encabezar una red multinacional dedicada al transporte de drogas para el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con investigaciones oficiales, Flores Cacho habría mantenido vínculos operativos con estructuras utilizadas para el traslado aéreo de cargamentos ilícitos presuntamente asociados con Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael “El Mayo” Zambada.
Como parte de esas investigaciones, Washington también impuso sanciones contra varias compañías presuntamente utilizadas para facilitar operaciones aéreas, capacitación de pilotos y traslado de carga.
Documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señalan además que Toro Díaz y otros integrantes de esta red habrían utilizado empresas fachada para movilizar recursos financieros presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
Entre las actividades empresariales investigadas figuran giros comerciales relacionados con servicios restauranteros, operaciones agropecuarias, distribución comercial, gestión deportiva y venta de artículos de oficina.
Las indagatorias apuntan a que esta red operó durante años en distintas entidades mexicanas, entre ellas Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Morelos, además de mantener presencia en Colombia.
Especialistas en seguridad consideran que este tipo de detenciones reflejan el fortalecimiento de la cooperación internacional para rastrear estructuras financieras del crimen organizado, consideradas clave para el funcionamiento logístico de los cárteles.
El caso podría derivar en un proceso judicial internacional si Estados Unidos formaliza una solicitud de extradición sustentada en los antecedentes de sanciones y posibles investigaciones penales abiertas.
con información de Latinus.
