Redacción
El gobernador Manolo Jiménez Salinas levantó la voz para pedir lo que pocos en la clase política se atreven a tocar: una reforma constitucional que cierre la puerta —de tajo— a aspirantes con antecedentes penales, vínculos delictivos u órdenes de aprehensión vigentes.
El planteamiento llega en un momento políticamente delicado, cuando Estados Unidos exhibe expedientes de funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado y la relación bilateral atraviesa uno de sus puntos más tensos. Para Jiménez, México no puede darse el lujo de seguir postulando perfiles cuestionables y lamentarse después, cuando estallan los escándalos.
El mandatario fue claro: el momento exige una ley, no buenos deseos. Ningún partido —sin importar siglas ni colores— debería tener margen para postular a alguien con vínculos con la delincuencia organizada, con orden de aprehensión, con antecedentes penales o incluso con situaciones sospechosas que comprometan la confianza pública. Cuando los filtros fallan, recordó, los costos no los pagan los partidos ni los dirigentes que firmaron el registro: los pagan los ciudadanos que terminan gobernados por administraciones desastrosas o, peor aún, capturadas por intereses delictivos.
El problema de fondo es conocido: el sistema actual deja la última palabra en manos de las dirigencias partidistas, y esos filtros internos pueden mirar hacia otro lado cuando conviene políticamente. La propuesta de Jiménez apunta justamente a eso: convertir en obligación constitucional lo que hoy es pura discrecionalidad de los partidos.
Y el ejemplo de por qué urge esa reforma lo tiene Coahuila a la vuelta de la esquina.
El caso Tony Flores: el ejemplo que le da la razón al gobernador
Mientras Jiménez plantea la necesidad de blindar las candidaturas, los reflectores se posaron sobre Antonio “Tony” Flores Guerra, diputado local que busca reelegirse por el Distrito 06 con la coalición Morena-PT, y sobre quien pesa una orden de aprehensión en Texas, Estados Unidos, por presunto abuso sexual contra una menor, fechada desde abril de 2010.
El expediente, difundido por Mónica Escalera, dirigente local del PAN en Coahuila, ha sido replicado por medios nacionales como Reforma, El Financiero y El Siglo de Torreón. Flores, conocido también como “Lord Lamborghini” por presumir un auto de lujo color guinda en las calles de Múzquiz, no es un perfil bajo: sus empresas recibieron entre 2020 y 2024 contratos por más de 6 mil millones de pesos para vender carbón a la CFE durante la administración de Manuel Bartlett.
Riqueza, contratos públicos millonarios y una orden de aprehensión activa en el extranjero, todo en la misma candidatura. Y aún así, los partidos lo registraron. Justo el escenario que el gobernador de Coahuila quiere terminar.
