Washington, 8 de mayo de 2026.- El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que podrían presentarse nuevas acusaciones penales contra funcionarios y actores políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones del narcotráfico, en un contexto de creciente presión bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
Durante una entrevista con la cadena estadounidense NewsNation, el funcionario confirmó que las investigaciones abiertas por autoridades federales podrían derivar en más procesos judiciales, particularmente a partir de la cooperación de líderes criminales trasladados recientemente de México a territorio estadounidense.
Blanche señaló que varios de estos operadores del narcotráfico podrían optar por colaborar con las fiscalías estadounidenses, lo que abriría nuevas líneas de investigación y posibles imputaciones contra servidores públicos presuntamente relacionados con estructuras criminales.
Sus declaraciones se producen días después de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York formalizara acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios, señalados por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
El fiscal sostuvo que este tipo de acciones forman parte de una estrategia que Estados Unidos ha aplicado anteriormente y que continuará ejecutando cuando existan elementos suficientes para judicializar los casos.
Blanche también subrayó que, pese al endurecimiento del discurso judicial y político, la relación con el Gobierno mexicano mantiene canales de cooperación activos, principalmente en temas de migración, combate al narcotráfico e intercambio de información.
El señalamiento coincide con una nueva advertencia del presidente Donald Trump, quien afirmó que si los gobiernos del continente no fortalecen el combate al tráfico terrestre de drogas, Estados Unidos podría actuar de manera unilateral.
En la misma línea, la Estrategia Antiterrorismo 2026 de la Casa Blanca contempla medidas más severas contra países que sean considerados omisos o cómplices frente a la operación de grupos criminales, varios de los cuales fueron clasificados por Washington como Organizaciones Terroristas Extranjeras desde 2025.
Analistas consideran que estas declaraciones elevan la tensión diplomática entre ambos países y anticipan una etapa de mayor escrutinio sobre figuras políticas mexicanas, particularmente en entidades con alta incidencia del crimen organizado.
