La investigación que autoridades estadounidenses siguen contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos continúa avanzando. De los diez señalados originalmente en una acusación presentada ante una corte federal de Nueva York, tres ya habrían quedado bajo custodia de Estados Unidos o se habrían entregado voluntariamente para enfrentar los cargos en ese país.
El caso más reciente es el de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Diversos reportes periodísticos señalaron que habría sido entregado a autoridades estadounidenses durante los últimos días de mayo. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial pública por parte de instituciones de México o Estados Unidos.
De confirmarse esta información, Almanza Avilés sería el tercer acusado en quedar a disposición de la justicia estadounidense. Antes fueron reportadas las entregas de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado.
La acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York sostiene que una red de funcionarios habría colaborado con Los Chapitos para facilitar operaciones de narcotráfico, proteger actividades criminales y favorecer la operación de la organización mediante información privilegiada y otros apoyos.
Entre los señalados aparecen Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario de Gobierno; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal estatal; Alberto Jorge Contreras Núñez; José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán, además de los exfuncionarios que ya habrían comparecido ante autoridades estadounidenses.
Según el expediente judicial, Almanza Avilés habría recibido pagos periódicos por parte de integrantes de Los Chapitos entre 2017 y 2022. La acusación señala que presuntamente facilitó el tránsito de precursores químicos para la fabricación de fentanilo, filtró información sobre operativos y favoreció acciones contra grupos rivales.
Antes de que se difundiera la versión sobre su presunta entrega, el exfuncionario compareció ante autoridades mexicanas y rechazó las acusaciones. En declaraciones públicas sostuvo que nunca formó parte de una organización criminal y afirmó que las imputaciones carecían de sustento.
Por su parte, Gerardo Mérida Sánchez permanece detenido en Nueva York después de entregarse en mayo pasado. Su proceso judicial continúa ante una corte federal estadounidense. Enrique Díaz Vega también enfrenta acusaciones relacionadas con presuntas actividades de apoyo político y financiero vinculadas a la organización criminal.
Las autoridades estadounidenses sostienen además que la estructura investigada habría mantenido influencia en áreas estratégicas de seguridad y gobierno en Sinaloa. La acusación incluye señalamientos sobre presuntos acuerdos y contactos con integrantes de Los Chapitos durante y después del proceso electoral de 2021.
Mientras avanzan los procedimientos judiciales, siete de los diez acusados continúan pendientes de enfrentar formalmente los cargos presentados en Estados Unidos. El caso mantiene una alta relevancia política debido al nivel de los funcionarios involucrados y al alcance de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia estadounidense.
