La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Acción Nacional (PAN) eliminar más de 40 publicaciones difundidas en redes sociales en las que se vincula a Morena con actividades relacionadas con el narcotráfico, al considerar que podrían constituir actos de calumnia.
La decisión fue tomada tras una queja presentada por Morena, que argumentó que diversas expresiones utilizadas por dirigentes y cuentas oficiales del PAN atribuían al partido presuntos vínculos con organizaciones criminales sin que existieran elementos suficientes para sostener dichas afirmaciones.
De manera preliminar, la Comisión determinó que las publicaciones denunciadas podrían afectar el debate político al imputar conductas delictivas sin respaldo comprobable. Por ello, concedió medidas cautelares para detener su difusión mientras se realiza el análisis de fondo del caso.
La resolución contempla la eliminación de 32 publicaciones realizadas desde cuentas oficiales del PAN, así como siete mensajes difundidos por su dirigente nacional, Jorge Romero, y tres publicaciones emitidas por el Comité Directivo Estatal del partido en Chiapas.
Entre los contenidos señalados se encuentran expresiones como “narcopartido Morena”, “narcoestado” y “narcopacto”, términos que, según la queja presentada, buscan asociar al partido gobernante con grupos del crimen organizado.
Uno de los mensajes incluidos en el expediente corresponde a una publicación de Jorge Romero, quien afirmó que Morena se había convertido en un partido asociado con el crimen organizado, al referirse al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
No obstante, la Comisión resolvió de forma distinta respecto a las expresiones emitidas por la senadora Lilly Téllez. El órgano electoral concluyó que sus declaraciones se encuentran amparadas por la libertad de expresión y el ejercicio de la función legislativa, por lo que no procedió la aplicación de medidas cautelares en su contra.
La legislación electoral mexicana prohíbe la propaganda que pueda constituir calumnia, especialmente cuando se atribuyen delitos a personas, partidos o instituciones sin pruebas suficientes. El INE tiene la facultad de analizar estos casos y determinar si existe una vulneración a los derechos político-electorales o a las reglas de equidad en la competencia política.
La controversia se desarrolla en un contexto de confrontación entre Morena y los partidos de oposición, donde temas como la seguridad pública, el combate al crimen organizado y la actuación de distintos gobiernos han ocupado un lugar central en el debate nacional.
La resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias es de carácter provisional y únicamente atiende la solicitud de medidas cautelares. El procedimiento continuará dentro del INE, instancia que posteriormente deberá emitir una resolución definitiva sobre la posible existencia de propaganda calumniosa.
