El gobierno de México formalizó ante las autoridades de Argentina la solicitud de extradición del contralmirante Fernando Farías Laguna, exfuncionario señalado por presuntamente participar en una red dedicada al contrabando de combustibles y a operaciones irregulares vinculadas con el denominado huachicol fiscal.
La petición fue presentada dentro de los plazos establecidos por los mecanismos internacionales de cooperación judicial, lo que permitió mantener vigente el proceso para que el exmando naval pueda ser trasladado a territorio mexicano y enfrentar los cargos que le imputan las autoridades federales.
Farías Laguna permanece detenido en Buenos Aires desde abril de 2026, tras ser localizado mediante una notificación roja de Interpol. Con la entrega formal del expediente, corresponderá ahora a los tribunales argentinos revisar la documentación presentada por México y determinar si existen elementos suficientes para autorizar la extradición.
Las investigaciones lo relacionan con una presunta estructura que operaba mediante la importación irregular de combustibles provenientes de Estados Unidos. De acuerdo con las indagatorias, los productos eran ingresados al país utilizando documentación aduanera alterada para evadir el pago de impuestos y contribuciones fiscales.
Las autoridades mexicanas sostienen que Fernando Farías Laguna y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, habrían utilizado posiciones estratégicas dentro del ámbito aduanero para facilitar las operaciones de la organización investigada. El esquema consistía en declarar cargamentos de gasolina y diésel bajo conceptos distintos a su naturaleza real, lo que permitía reducir o evitar obligaciones tributarias.
Además de los señalamientos por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos, el exfuncionario enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las pesquisas también incluyen la revisión de bienes patrimoniales, vehículos y movimientos financieros que, según las autoridades, no guardarían relación con los ingresos reportados durante su carrera en el servicio público.
El caso ha cobrado relevancia nacional por involucrar a un exalto mando de la Secretaría de Marina y por las posibles afectaciones económicas derivadas del huachicol fiscal, una práctica que durante los últimos años ha sido identificada por autoridades federales como una fuente importante de evasión tributaria y contrabando de combustibles.
Conforme al Tratado de Extradición entre México y Argentina, la decisión final corresponderá a las instancias judiciales argentinas. Una vez concluido el análisis, el gobierno de ese país deberá comunicar oficialmente su resolución a las autoridades mexicanas.
En caso de que la extradición sea autorizada, ambos gobiernos deberán coordinar el traslado del acusado dentro de los plazos previstos por el tratado. De no concretarse la entrega en el tiempo establecido, la legislación aplicable contempla posibles consecuencias procesales que podrían afectar futuras solicitudes relacionadas con los mismos hechos.
