El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, solicitó al Gobierno de México aplicar el tratado de extradición vigente con Estados Unidos en el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, ante la presunta existencia de una acusación formal y una solicitud de entrega promovida por autoridades estadounidenses.
De acuerdo con el legislador, el tratado bilateral contempla la posibilidad de realizar una detención provisional cuando una persona es reclamada por alguno de los dos países. Explicó que, una vez ejecutada esa medida, existe un plazo de 60 días para que el país solicitante presente la documentación y las pruebas que sustenten la petición de extradición.
Anaya criticó la postura del Gobierno federal y de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que no corresponde a las autoridades mexicanas desechar anticipadamente una solicitud cuando, según afirmó, ya existirían actuaciones de un gran jurado y una orden emitida por una jueza federal en Estados Unidos.
La investigación contra Rocha Moya habría sido iniciada por un fiscal estadounidense y posteriormente revisada por un gran jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, hasta el momento las autoridades de ese país no han hecho públicos todos los documentos relacionados con el expediente.
La FGR ha sostenido que no cuenta con elementos suficientes para iniciar un procedimiento en contra del gobernador con licencia, postura que fue cuestionada por el senador panista, quien insistió en que el tratado prevé mecanismos para que las pruebas sean presentadas durante el proceso de extradición.
Anaya también señaló que dos exfuncionarios cercanos a Rocha Moya, quienes ocuparon las secretarías de Administración y Finanzas y de Seguridad Pública de Sinaloa, presuntamente se presentaron de manera voluntaria ante autoridades de Estados Unidos para colaborar con la investigación.
Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo el 1 de mayo de 2026, luego de que se difundieran versiones sobre una acusación presentada en un tribunal federal estadounidense por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que cualquier servidor público contra quien existan pruebas suficientes deberá ser investigado conforme a la ley en México. Asimismo, el Gobierno federal ha señalado que las publicaciones periodísticas o los posicionamientos políticos no sustituyen la documentación oficial requerida para iniciar una acción penal o un procedimiento de extradición.
Durante sus declaraciones, Ricardo Anaya también hizo referencia al caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, cuya detención calificó como un acto con motivaciones políticas, además de señalar que el caso habría sido utilizado para desviar la atención de otros asuntos públicos.
El senador concluyó que la aplicación del tratado de extradición permitiría esclarecer las acusaciones contra Rocha Moya mediante un procedimiento judicial y garantizar que las instituciones actúen con los mismos criterios para todos los casos.
