El Gobierno Federal analiza establecer una remuneración compensatoria de hasta 2 por ciento sobre determinados dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, tabletas y medios de almacenamiento digital. La medida estaría vinculada con el concepto de compensación por copia privada y todavía no constituye un impuesto vigente ni un cobro obligatorio para los consumidores.
La propuesta contempla que fabricantes e importadores realicen el pago por equipos con capacidad para almacenar, reproducir o copiar contenidos protegidos por derechos de autor. El objetivo planteado es generar una compensación económica para autores y otros titulares de derechos por las reproducciones realizadas para uso privado.
Entre los dispositivos que podrían quedar incluidos se encuentran teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas, memorias USB, tarjetas de memoria y discos duros. La aplicación concreta dependería de los términos que eventualmente establezca la regulación correspondiente.
El mecanismo ha sido denominado en algunos espacios como “canon digital” o “moche digital”, aunque estas expresiones no corresponden a la denominación jurídica oficial. La discusión se relaciona con la figura de remuneración compensatoria por copia privada contemplada desde hace años en la legislación mexicana sobre derechos de autor.
En este contexto, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un punto de acuerdo para solicitar que las autoridades federales revisen la legalidad y las posibles implicaciones económicas y comerciales de la medida antes de establecerla.
El legislador priista pidió a las secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público y Cultura, así como al Instituto Nacional del Derecho de Autor, determinar si un cobro aplicado desde la importación podría tener efectos sobre el comercio exterior y si sería compatible con la legislación mexicana y los compromisos internacionales del país.
Moreira también planteó que debe aclararse el destino y fiscalización de los recursos, debido a que el esquema contempla la participación de sociedades de gestión colectiva encargadas de recaudar las remuneraciones destinadas a titulares de derechos.
Uno de los principales argumentos del diputado es que una obligación económica vinculada directamente con la importación de mercancías no debería establecerse únicamente mediante disposiciones reglamentarias si sus características corresponden a una materia que requiere fundamento legal específico.
El legislador recordó además un antecedente de 2021, cuando una propuesta similar generó objeciones relacionadas con sus posibles efectos sobre el comercio exterior. Moreira pidió que se determine si el mecanismo podría tener implicaciones arancelarias o entrar en conflicto con los compromisos asumidos por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Otro punto de la discusión es el posible impacto sobre el precio de los equipos. Aunque el planteamiento contempla que el pago sea realizado inicialmente por fabricantes o importadores, representantes de la industria han advertido que una parte del costo podría trasladarse posteriormente al consumidor mediante precios más elevados.
Hasta ahora, el cobro no se encuentra vigente de manera general. Los reportes disponibles señalan que se trata de una propuesta en análisis y que no existe un nuevo impuesto de 2 por ciento que actualmente deba pagar cualquier persona que compre un celular, computadora o tableta.
Por ello, cualquier modificación en el precio de estos productos dependería de que la propuesta avance, sea formalmente publicada y establezca los dispositivos, porcentajes, responsables del pago y mecanismos de recaudación correspondientes.
