San José Iturbide, Guanajuato.- La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación para determinar el origen y la situación legal de más de 59 millones de litros de combustible asegurados en una terminal de almacenamiento de la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide.
El hidrocarburo fue localizado durante un cateo realizado el 17 de septiembre por autoridades federales y estatales. En el inmueble también fueron asegurados 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación.
De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno de Guanajuato, el combustible presenta características de gasolina regular, gasolina Premium y diésel. La FGR posteriormente precisó que el volumen está compuesto por 33 millones 504 mil 67.406 litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel.
La investigación comenzó el 3 de julio, después de que autoridades detuvieran en San Luis de la Paz al conductor de una pipa que transportaba 33 mil litros de diésel cuya trazabilidad no pudo ser acreditada.
A partir de esa indagatoria se realizaron otras diligencias, entre ellas el cateo de un inmueble relacionado con el despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo, hasta llegar a la terminal de almacenamiento ubicada en La Fragua.
La FGR investiga si el combustible está relacionado con robo de hidrocarburos, contrabando u otras conductas previstas en la legislación federal. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) asumirá la facultad de atracción de la investigación debido a la complejidad del caso.
Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente a Grupo SIMSA y operadora de la terminal, rechazó que la instalación funcione de manera irregular. La compañía afirmó que cuenta con permisos federales, estatales y municipales para realizar actividades de almacenamiento de petrolíferos.
Entre los documentos citados por la empresa se encuentra el permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016, otorgado originalmente por la Comisión Reguladora de Energía y con una vigencia de 30 años, además de modificaciones posteriores relacionadas con la capacidad de la terminal.
La compañía sostiene que su actividad consiste en recibir y almacenar combustibles que pertenecen a empresas usuarias. De acuerdo con su versión, corresponde a esas compañías acreditar la propiedad, procedencia y calidad de los productos que ingresan a la terminal.
Gas Natural del Noroeste informó que entregó a las autoridades documentación relacionada con la operación de la terminal y con las empresas usuarias, con el propósito de que sea revisada durante la investigación.
La empresa también señaló como antecedentes que la terminal fue utilizada por Petróleos Mexicanos para almacenar una importación de diésel transportada por ferrocarril en 2017 y que participó en el suministro de combustibles durante el desabasto registrado en distintas entidades en 2019.
La existencia de permisos para operar la terminal, sin embargo, no determina por sí misma la procedencia legal del combustible asegurado. La FGR informó que hasta el momento las empresas involucradas no han acreditado ante la autoridad la licitud del hidrocarburo localizado.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, también señaló que la documentación deberá ser revisada por las autoridades correspondientes para determinar si el producto cuenta con respaldo documental sobre su origen y legalidad.
El caso ha generado además inquietud entre habitantes de La Fragua. El 18 de septiembre, pobladores de la comunidad y localidades cercanas realizaron un bloqueo en la carretera federal 57 para expresar preocupaciones relacionadas con la operación de la planta de almacenamiento.
Por ahora, la investigación continúa y las autoridades deberán establecer quién es el propietario del combustible, cuál fue su origen, cómo llegó a la terminal y si la documentación presentada permite acreditar su trazabilidad.
Mientras tanto, Grupo SIMSA mantiene su postura de que la terminal opera legalmente y que los productos almacenados corresponden a sus clientes, mientras la FGR continúa con la revisión de la documentación y de las posibles responsabilidades penales.
