Bogotá, Colombia.- América Latina concentró 85 por ciento de los asesinatos de personas defensoras del territorio y el medio ambiente registrados en el mundo durante 2025, de acuerdo con el informe anual de Global Witness, que documentó al menos 124 homicidios a nivel global.
Con estas cifras, la región se mantiene como la zona con mayor número de asesinatos de defensores ambientales desde que Global Witness comenzó a elaborar este registro en 2012. En total, la organización ha documentado 2 mil 375 asesinatos y desapariciones de larga duración durante ese periodo.
Colombia registró la cifra más elevada, con 39 homicidios, seguida de Brasil, con 26; Honduras y Filipinas, con 12 cada uno; México, con 10, y Guatemala, con ocho. Perú registró cuatro asesinatos, mientras que Ecuador y Nicaragua reportaron tres casos cada uno.
En Colombia, casi la mitad de las personas asesinadas eran indígenas y otras 15 eran pequeños campesinos. De los 39 homicidios documentados, 35 estuvieron relacionados con conflictos por la tierra. Global Witness también identificó posibles vínculos con el crimen organizado en 17 casos y con sicarios en otros cinco.
El departamento del Cauca concentró una parte importante de la violencia registrada en Colombia. Global Witness documentó 13 asesinatos en esa entidad durante 2025, entre ellos cuatro integrantes de la Guardia Indígena.
Brasil contabilizó 26 homicidios, el doble que el año anterior. La mayoría estuvo relacionada con disputas por el reconocimiento y la demarcación de territorios ancestrales. Entre las víctimas había 11 campesinos y siete indígenas, mientras que los estados amazónicos de Rondônia y Pará concentraron la mitad de los casos.
En Honduras se documentaron 12 asesinatos, también el doble que en 2024. Diez ocurrieron en el departamento de Colón, en la costa caribeña, y todas las víctimas de esa zona eran pequeños campesinos. Global Witness identificó posibles vínculos con el crimen organizado en los 10 casos y con intereses empresariales en ocho.
México registró 10 homicidios durante 2025, frente a 19 documentados en 2024. Sin embargo, la reducción de los asesinatos no significó el fin de las agresiones: Global Witness señala que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 107 casos de criminalización, además de numerosos episodios de intimidación, estigmatización y difamación.
En Guatemala fueron registrados ocho asesinatos. Perú contabilizó cuatro, mientras que Ecuador y Nicaragua registraron tres cada uno. En Ecuador, dos de las víctimas eran indígenas que participaban en una manifestación relacionada con la situación de sus comunidades y el aumento de los precios de los combustibles.
A escala mundial, más de tres cuartas partes de las personas asesinadas eran campesinos, indígenas o afrodescendientes. Las personas indígenas representaron 44 de los homicidios documentados durante 2025.
Las disputas territoriales estuvieron relacionadas con más de la mitad de los asesinatos registrados. Además, Global Witness vinculó 11 homicidios con industrias mineras y extractivas, ocho con actividades madereras y seis con la agroindustria. Más de un tercio de los asesinatos estuvieron relacionados con el crimen organizado o con sicarios.
El número global de homicidios documentados disminuyó respecto de años anteriores: pasó de 196 casos en 2023 a 146 en 2024 y 124 en 2025. Global Witness advierte, sin embargo, que estas cifras deben interpretarse con cautela debido a las dificultades para documentar asesinatos en países donde existen restricciones al espacio cívico o problemas para obtener información.
La organización señala que la ausencia de registros en determinados países no necesariamente significa que no existan ataques. Su metodología contempla la verificación de los casos mediante distintas fuentes y la colaboración con más de 30 organizaciones locales, nacionales y regionales en más de 20 países.
Entre las medidas planteadas para reducir los riesgos se encuentran el fortalecimiento de los derechos colectivos, mecanismos efectivos de consulta previa, investigaciones especializadas sobre agresiones contra defensores y sistemas comunitarios de protección.
El informe también destaca la importancia del Acuerdo de Escazú, tratado regional que contempla derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y justicia ambiental, además de disposiciones específicas para la protección de quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
Los datos de 2025 muestran que los conflictos por la tierra, la explotación de recursos naturales y la presencia del crimen organizado continúan formando parte del contexto de violencia que enfrentan comunidades y personas defensoras del territorio en distintos países de América Latina.
Con información de: Global Witness, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y reportes cita
