Ciudad de México.- La detención de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, elevó a 13 el número de alcaldes y exalcaldes que, de acuerdo con un recuento de Infobae, han sido detenidos durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en casos relacionados con presuntos vínculos con grupos criminales, extorsión, secuestro, homicidio y otros delitos.
El caso más reciente ocurrió el 23 de septiembre, cuando Sánchez Altamirano fue detenido en Ciudad Ixtepec por elementos de fuerzas federales y estatales. El alcalde enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
De acuerdo con las investigaciones citadas por autoridades, el edil es señalado por su presunta relación con una estructura criminal identificada como “Los Cromo”, a la que se atribuyen actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec. Las acusaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser determinadas por las autoridades judiciales.
Tras la captura, policías municipales, pobladores y otros grupos bloquearon accesos carreteros de Juchitán en protesta por la detención y para intentar impedir el traslado del presidente municipal. Sánchez Altamirano fue llevado inicialmente a la base aérea de Ciudad Ixtepec.
El recuento se remonta a noviembre de 2024, cuando María Elena Martínez Robles, entonces alcaldesa de Amanalco, Estado de México, fue detenida durante la Operación Enjambre. Posteriormente recibió una sentencia de 70 años de prisión por homicidio calificado, de acuerdo con el recuento consultado.
En enero de 2025 fue detenida María del Rosario Matías Esquivel, exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, en una investigación relacionada con presunta extorsión y vínculos con La Familia Michoacana.
Su esposo, Pedro Luis Hernández de Paz, quien había sido electo para sucederla en la presidencia municipal, también fue detenido en febrero de 2025 después de permanecer prófugo.
Ese mismo año, Rosember López Roblero, alcalde de Bella Vista, Chiapas, fue detenido por delitos relacionados con abuso de autoridad y presuntos vínculos con grupos delictivos. Posteriormente, el Congreso estatal declaró la ausencia definitiva del presidente municipal.
En Puebla, los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, entonces presidentes municipales de Ciudad Serdán y Tlachichuca, respectivamente, fueron detenidos en marzo de 2025. Su hermano Ramiro González Vieyra, alcalde de San Nicolás Buenos Aires, también fue detenido posteriormente.
Los tres hermanos han enfrentado distintos procedimientos judiciales, así como liberaciones y nuevas detenciones, de acuerdo con el recuento periodístico.
Otro caso relevante fue el de José Ascensión Murguía Santiago, entonces alcalde de Teuchitlán, Jalisco, detenido en mayo de 2025 en el contexto de las investigaciones relacionadas con el Rancho Izaguirre.
Murguía Santiago fue vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada y desaparición forzada y permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
En 2026, Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal de Cintalapa, Chiapas, fue detenido en enero en una investigación por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y posibles vínculos con organizaciones criminales.
En febrero fue detenido Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, investigado por delitos relacionados con delincuencia organizada y secuestro agravado.
En Morelos, Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, fue detenido el 20 de mayo y posteriormente vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de narcotráfico y extorsión agravada.
También en mayo fue detenido Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos, cuyo proceso judicial continúa abierto.
El 7 de septiembre de 2026 fue detenido Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, Puebla, durante un operativo en el que también fueron arrestadas otras personas. Las autoridades lo señalaron por su presunta participación en una organización dedicada al robo de autotransporte, extorsión y secuestro.
El 16 de septiembre fue vinculado a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.
La lista incluye a funcionarios y exfuncionarios de distintas entidades y partidos políticos, además de investigaciones con delitos y circunstancias diferentes. Por ello, las acusaciones y la situación jurídica de cada persona no son equivalentes.
La detención de un alcalde o su vinculación a proceso tampoco constituye, por sí misma, una sentencia condenatoria. En cada caso corresponde a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad penal conforme avance el procedimiento.
