Ciudad de México.- El patrimonio inmobiliario de la senadora priista Alma Carolina Viggiano Austria volvió a quedar bajo escrutinio luego de una investigación periodística que documentó diferencias millonarias entre los precios asentados en las escrituras de dos terrenos que adquirió en el Club de Golf Pachuca y los valores señalados para esos inmuebles.
De acuerdo con una investigación realizada por el periodista Víctor Hugo Arteaga y difundida por Xpectro FM, documentos catastrales, notariales y de tesorerías municipales muestran que Viggiano pagó en conjunto un millón 392 mil pesos por ambos predios, mientras que los valores señalados para ellos ascendían a 3 millones 810 mil pesos.
La diferencia entre ambas cantidades es de 2 millones 418 mil pesos. Los reportes consultados señalan que los precios de compraventa quedaron asentados con base en los valores catastrales vigentes al momento de las operaciones.
La primera adquisición ocurrió en 2004, cuando Viggiano se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Hidalgo. Mediante la escritura pública número 14 mil 505, adquirió el lote 248, ubicado en la manzana 4, sección tres del Fraccionamiento Club de Golf Pachuca.
El precio consignado en la escritura fue de 709 mil 500 pesos, mientras que el valor señalado para el terreno era de un millón 935 mil pesos, según la documentación citada por la investigación.
Tres años después, en 2007, Viggiano adquirió el lote 249, contiguo al anterior, ubicado en Paseo del Fresno, dentro del mismo fraccionamiento.
La escritura pública número 17 mil 473, volumen 348, señala que el terreno tenía una superficie de 500 metros cuadrados. El precio de compraventa fue de 682 mil 500 pesos, mientras que el valor señalado para el inmueble ascendía a un millón 875 mil pesos.
El vendedor fue Andrés Chitiva, exfutbolista colombiano naturalizado mexicano que tuvo una trayectoria con el Club Pachuca.
En conjunto, las dos operaciones representaron un pago de un millón 392 mil pesos, frente a valores señalados por 3 millones 810 mil pesos, una diferencia de 2 millones 418 mil pesos.
Los documentos citados en las investigaciones establecen que las operaciones fueron formalizadas ante la Notaría Pública número 2 de Pachuca y quedaron registradas ante las autoridades municipales correspondientes.
Posteriormente, sobre los dos predios fue construida una residencia de aproximadamente 813 metros cuadrados. Investigaciones periodísticas estiman que el inmueble tendría un valor cercano a los 30 millones de pesos y describen una construcción de arquitectura contemporánea, con acabados de alta gama y elementos como paneles solares y sistemas de climatización.
Los señalamientos sobre el patrimonio de Viggiano no son nuevos. En 2022 se difundieron investigaciones sobre otra propiedad ubicada en Sierra Nevada 319, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, adquirida en septiembre de 2019 y cuyo registro fue cuestionado debido a que no aparecía en la declaración patrimonial revisada entonces.
En ese mismo año, el Grupo Parlamentario de Morena presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para solicitar una investigación sobre la procedencia de recursos utilizados para la adquisición de propiedades de la entonces diputada federal.
El documento hizo referencia a la declaración patrimonial y de intereses correspondiente a 2022, en la que Viggiano reportó inmuebles adquiridos en 1997, 2004 y 2007 por valores declarados de un millón 910 mil, 4 millones 391 mil y un millón 989 mil pesos, respectivamente.
No obstante, la diferencia entre el precio asentado en una escritura y un valor catastral o de referencia no demuestra por sí misma la existencia de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal o alguna otra conducta delictiva. Asimismo, la documentación difundida en torno a los dos terrenos no acredita por sí sola que se hayan realizado pagos adicionales fuera de las operaciones formalizadas.
Hasta ahora, los cuestionamientos corresponden a una investigación periodística basada en documentos inmobiliarios, catastrales y fiscales, por lo que cualquier eventual irregularidad tendría que ser determinada por las autoridades competentes a partir de una revisión formal.
