Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026.— A 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sus familiares mantienen la exigencia de conocer el paradero de los jóvenes y esclarecer las responsabilidades por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Con motivo del duodécimo aniversario, padres y madres de los estudiantes, normalistas y organizaciones sociales realizaron diversas movilizaciones en Ciudad de México. El viernes protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir avances en las investigaciones y acceso a información relacionada con el caso.
Las movilizaciones culminaron el sábado 26 de septiembre con una marcha que partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. Las familias llevaron las fotografías de los estudiantes y reiteraron sus demandas de verdad, justicia y búsqueda.
El caso comenzó la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados y posteriormente desaparecidos en Iguala. Los hechos también dejaron seis personas asesinadas y decenas de heridos.
Durante estos 12 años, distintas investigaciones han establecido la participación de autoridades municipales y grupos criminales en los acontecimientos. Sin embargo, el destino de los 43 estudiantes continúa sin ser esclarecido de manera integral.
Las familias han mantenido entre sus principales demandas el acceso a documentos e información del Ejército que consideran relevante para reconstruir lo ocurrido durante y después de los ataques. También han cuestionado las conclusiones de distintas instituciones sobre la participación de elementos militares.
El Gobierno de México mantiene abiertas nuevas líneas de investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración ordenó revisar información que anteriormente no había sido analizada a profundidad, incluidos registros de comunicaciones correspondientes a la noche y madrugada de los hechos.
La Fiscalía General de la República también ha reportado avances judiciales. En agosto de 2026, un juez vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, a partir de una investigación relacionada con el presunto ocultamiento de videos considerados relevantes para el caso.
El expediente también registra la identificación de restos de tres de los 43 estudiantes desaparecidos, mientras continúan las investigaciones y las labores de búsqueda para determinar el destino de los demás jóvenes.
En los días previos al aniversario, las familias realizaron movilizaciones ante distintas instituciones. Una de sus exigencias fue conocer los avances de las investigaciones y tener acceso a información que permita establecer responsabilidades entre autoridades civiles, militares y otros actores involucrados.
La presidenta Sheinbaum había anunciado la presentación de un nuevo informe público sobre el caso, con información relacionada con las nuevas líneas de investigación, detenciones y pruebas recabadas.
Sin embargo, el 25 de septiembre informó que la presentación sería pospuesta para el lunes 28. El informe será presentado conjuntamente por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa.
El Gobierno federal ha señalado que estas nuevas investigaciones buscan ampliar las líneas que no fueron desarrolladas suficientemente en años anteriores. Entre los elementos revisados se encuentran registros telefónicos correspondientes a la noche de la desaparición y otras evidencias relacionadas con los hechos.
A 12 años de la desaparición, las familias de los estudiantes continúan reclamando información sobre su paradero y el esclarecimiento de las responsabilidades. El caso permanece como uno de los principales expedientes de desaparición y violaciones a derechos humanos de la historia reciente de México.
