Ciudad de México.- Agencias de seguridad de Estados Unidos analizan señalamientos relacionados con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por posibles vínculos con redes de contrabando de combustible y personas señaladas por su presunta relación con organizaciones criminales, de acuerdo con un reporte de The New York Times citado por medios nacionales.
La información, atribuida a cinco personas con conocimiento de las indagatorias, establece que las autoridades estadounidenses se encuentran revisando los señalamientos, pero hasta ahora no existe una investigación formal anunciada públicamente ni una acusación presentada contra López Beltrán.
El reporte también señala que durante 2026 habría habido intentos de establecer contacto con funcionarios estadounidenses mediante intermediarios. De acuerdo con tres personas familiarizadas con esos acercamientos, dichos contactos no habrían derivado hasta el momento en reuniones formales entre López Beltrán y autoridades de Estados Unidos.
El caso ocurre después de que Estados Unidos revocó la visa del político mexicano. López Beltrán confirmó en agosto que ya no podía ingresar a territorio estadounidense y atribuyó públicamente la decisión a funcionarios del Departamento de Estado. Washington, sin embargo, no ha revelado las razones específicas de la revocación, debido a que los expedientes individuales de visas son confidenciales.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en agosto que la cancelación de una visa no constituye por sí misma evidencia de un delito ni implica automáticamente la apertura de una investigación penal en México. También indicó que las autoridades estadounidenses no habían informado al gobierno mexicano las razones de la decisión.
Los nuevos señalamientos están relacionados con investigaciones periodísticas y referencias a una investigación de la Fiscalía General de la República sobre una presunta red de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.
El nombre de López Beltrán ya había sido mencionado públicamente en relación con declaraciones incorporadas a una carpeta de investigación sobre este tipo de operaciones. En agosto, el Partido Acción Nacional solicitó a la FGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera revisar posibles vínculos del político con la red señalada, aunque esa petición partidista no constituye por sí misma una imputación judicial.
Otro de los nombres que aparece en las investigaciones periodísticas es el del empresario Jorge Amílcar Olán, cercano a los hijos del expresidente López Obrador. Sobre este caso, información publicada recientemente señala que la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en manos de la FGR cualquier investigación que pudiera derivarse de las acusaciones, mientras que la Fiscalía ha señalado que debe contar con elementos probatorios para proceder.
La revisión de los señalamientos por parte de agencias estadounidenses, según el reporte periodístico, se desarrolla en un contexto de mayor atención de Washington sobre el contrabando de combustibles y las operaciones mediante las cuales hidrocarburos pueden ingresar o comercializarse de manera irregular para evadir impuestos y controles aduaneros.
Hasta ahora, la información disponible establece una diferencia entre los señalamientos que están siendo revisados y la existencia de una acusación formal. No se ha informado públicamente que Estados Unidos haya presentado cargos contra Andrés Manuel López Beltrán ni que exista una imputación penal en su contra derivada de estas indagatorias.
