El Senado de la República aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que incorporan nuevas sanciones relacionadas con el uso indebido de elementos de identidad institucional y con la distribución no autorizada de obras protegidas.
El dictamen fue avalado con 72 votos a favor y 34 en contra y posteriormente remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Uno de los puntos que generó mayor debate fue la incorporación del artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
La disposición establece una pena de cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con la finalidad de inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio o sistema informático y con la intención de cometer un ilícito.
El texto aprobado señala que el concepto de “escala comercial” busca delimitar las conductas relacionadas con un beneficio económico, una ventaja competitiva o un impacto significativo en la posición de mercado de los titulares de derechos.
La reforma fue identificada como “Ley Antimemes” durante la discusión legislativa debido al debate sobre sus posibles efectos en memes, parodias y caricaturas que utilicen elementos de identidad gubernamental.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, sostuvo que la disposición no tiene como propósito sancionar la crítica ni prohibir la sátira. La defensa de la reforma señala que el objetivo es evitar que símbolos, sitios o documentos oficiales sean utilizados para engañar a la población.
Desde la oposición, la senadora Guadalupe Murguía cuestionó la redacción del artículo 403 Bis y sostuvo que mantiene conceptos que podrían resultar ambiguos o imprecisos y generar interpretaciones que afecten expresiones como críticas políticas, caricaturas o memes.
Además de las disposiciones sobre identidad institucional, el dictamen establece penas de cuatro a 10 años de prisión y de dos mil a 20 mil días multa para quien, sin autorización, divulgue, publique, comunique o distribuya obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial o de su primera puesta a disposición autorizada en México.
Las reformas forman parte de un paquete presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum para actualizar el marco jurídico en materia de propiedad intelectual y combatir conductas relacionadas con piratería, falsificación y uso indebido de contenidos protegidos.
La minuta deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados, donde continuará el procedimiento legislativo.
