La Secretaría de Energía (Sener) otorgó en septiembre de 2024 un permiso a Portacelis Gas and Oil para importar hasta 52 millones 84 mil litros de diésel, pese a que la empresa tenía apenas 52 días de haber sido constituida y no contaba con antecedentes de operaciones de comercio exterior.
La autorización fue concedida el 27 de septiembre de 2024, tres días antes de que concluyera el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que la empresa estaba vinculada con el entorno empresarial del tabasqueño Amílcar Olán Aparicio, relacionado públicamente con Andy y Gonzalo López Beltrán.
El permiso fue otorgado nueve días después de que las secretarías de Energía y Economía modificaran las reglas para la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos. Entre los nuevos requisitos se estableció que los solicitantes debían presentar antecedentes de importación correspondientes a los dos años anteriores, además de información detallada sobre proveedores, transportistas, almacenistas, distribuidores, clientes y la logística de las operaciones.
Portacelis fue constituida el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, Tabasco. Por su reciente creación, la compañía no podía contar con un historial de importaciones de dos años. De acuerdo con MCCI, tampoco había realizado operaciones de comercio exterior cuando recibió la autorización.
La investigación identifica a Juan Carlos de la Cruz Murillo, quien aparecía como administrador único de Portacelis al momento de obtener el permiso, como contador y operador cercano a Amílcar Olán. De la Cruz también habría participado en otras sociedades vinculadas al empresario tabasqueño.
El permiso fue firmado digitalmente por Eduardo Pérez Mejía, entonces director de Coordinación de Petrolíferos y encargado de los asuntos de la Dirección General de Petrolíferos de la Sener. El documento fue autorizado a las 15:30 horas del 27 de septiembre de 2024.
Portacelis comenzó a utilizar el permiso hasta febrero de 2025. Su primera operación registrada ocurrió el 4 de febrero, cuando ingresó por la aduana de Matamoros un cargamento de 26 mil 119 litros de diésel procedente de Estados Unidos.
Uno de sus primeros proveedores fue Ikon Midstream LLC, una empresa de Houston que posteriormente quedó relacionada con investigaciones en México y Estados Unidos por operaciones vinculadas con el denominado huachicol fiscal.
La situación de Portacelis posteriormente derivó en una investigación de carácter fiscal. De acuerdo con documentación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundida por MCCI, entre febrero y junio de 2025 la empresa habría declarado ante las aduanas el ingreso de aproximadamente 6.6 millones de litros de diésel por ferrotanques, mientras que las estimaciones de la autoridad apuntaron a un volumen cercano a 90 millones de litros.
El SAT calculó un presunto perjuicio fiscal de 834 millones de pesos por impuestos y derechos que no habrían sido pagados. Con base en esa investigación, la autoridad presentó una declaratoria de perjuicio ante la Fiscalía General de la República y solicitó que se investigaran posibles delitos fiscales relacionados con las operaciones de la empresa.
La diferencia entre el volumen declarado y el estimado por la autoridad también significaría que el combustible presuntamente introducido por ferrotanques habría superado el límite de 52 millones de litros establecido en el permiso otorgado por la Sener.
MCCI calculó que, tomando como referencia las operaciones revisadas por el SAT, el volumen real habría sido aproximadamente 73 por ciento superior al máximo autorizado. La investigación periodística señala que esta diferencia forma parte de los elementos que posteriormente vincularon a Portacelis con el llamado huachicol fiscal.
La declaratoria presentada por el SAT ante la FGR señaló como posibles responsables a José Alonso Ulín Hernández, quien posteriormente figuró como administrador único de Portacelis, así como a agentes aduanales y otras personas que pudieran resultar involucradas. La investigación penal corresponde ahora a las autoridades competentes.
El caso también ha puesto bajo revisión las circunstancias en que Portacelis obtuvo su permiso de importación, particularmente por la fecha de autorización, la reciente constitución de la empresa y las modificaciones regulatorias que habían entrado en vigor días antes.
La información disponible documenta investigaciones y señalamientos de autoridades fiscales y ministeriales, pero las posibles responsabilidades penales deberán ser determinadas por las instancias correspondientes mediante los procedimientos establecidos por la ley.
