Redacción
Según fragmentos de su nuevo libro, Pueblo, difundidos por el diario Reforma, Andrés Manuel López Obrador volvió a salir en defensa de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez. El expresidente asegura que las autoridades de Estados Unidos los acusaron con base en calumnias y expedientes armados con “pruebas hechizas”.
El tabasqueño, que al dejar Palacio Nacional prometió retirarse de la vida pública, ahora usa su libro para descalificar una investigación judicial en curso que involucra a dos figuras cercanas a su movimiento.
El 29 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense presentó ante un tribunal federal de Nueva York una acusación contra Rocha, Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Los señala de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos, respaldo político y protección institucional.
López Obrador no ofrece en su texto un solo elemento que desmienta los señalamientos. En lugar de eso, recurre al argumento de la conspiración extranjera: sostiene que Washington actuó con su “modus operandi de casi siempre”, basado en testigos protegidos, filtraciones a la prensa, guiones entregados a los acusados y “viejos trucos” de premio o castigo.
Para el exmandatario, el caso no tiene que ver con el narcotráfico, sino con la política interna estadounidense. Afirma que se trata de un asunto “electorero” para convencer a los ciudadanos de ese país de que México es responsable de la drogadicción que padecen y de que su gobierno está frenando la migración.
En el libro también recuerda que se enteró por los medios de que la presidenta Claudia Sheinbaum condicionó cualquier actuación de las autoridades mexicanas a que Estados Unidos presentara pruebas.
En julio, la Fiscalía General de la República informó que no contaba con elementos suficientes, bajo el estándar de la ley mexicana, para proceder contra Rocha, Inzunza y el resto de los señalados, aunque aclaró que la investigación sigue abierta. En agosto, la Secretaría de Gobernación indicó que Estados Unidos no había entregado las pruebas que México solicitó.
Mientras el proceso continúa en una corte de Nueva York, el fundador de Morena ya emitió su veredicto: sus aliados son víctimas y el acusador es el culpable.
