Estados Unidos advirtió que buscará actuar contra funcionarios públicos presuntamente vinculados con organizaciones del crimen organizado, incluidos gobernadores, como parte de la estrategia antidrogas del presidente Donald Trump. La postura fue reiterada por Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, quien señaló que las acciones no dependerán del cargo que ocupen las personas investigadas.
En una entrevista con Voz Media, Carter afirmó que Washington pretende que quienes colaboren con los cárteles enfrenten consecuencias legales. La funcionaria también destacó la importancia de mantener y fortalecer la cooperación con el Gobierno de México para combatir a las organizaciones criminales.
El 8 de octubre, la oficina estadounidense difundió un mensaje en la red social X en el que reafirmó su postura frente a los cárteles y a los funcionarios señalados por presuntamente facilitar sus operaciones. Carter sostuvo que ambos países pueden ampliar los mecanismos de colaboración para reducir las actividades de estos grupos.
Las declaraciones se producen en medio de las tensiones bilaterales derivadas de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia como gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios de esa entidad, señalados por presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
Ante estos señalamientos, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos no había presentado pruebas contundentes contra el mandatario sinaloense. Las acusaciones han colocado la cooperación en materia de seguridad y los procedimientos judiciales entre ambos países en el centro de la discusión bilateral.
La advertencia de Washington se enmarca en una política de presión contra las organizaciones del narcotráfico y las personas que presuntamente las apoyan. Carter sostuvo que la administración de Trump mantendrá esta postura durante el resto del mandato presidencial y llamó a México a reforzar las acciones conjuntas contra los grupos criminales.
Entregas de personas requeridas por Estados Unidos
Como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad, México realizó tres traslados masivos de personas requeridas por autoridades estadounidenses entre febrero de 2025 y enero de 2026, con un total de 92 individuos.
La primera operación se efectuó el 27 de febrero de 2025, cuando fueron entregadas 29 personas. Entre ellas se encontraba Rafael Caro Quintero, requerido por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el narcotráfico y el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique Camarena.
El segundo traslado ocurrió el 12 de agosto de 2025 e incluyó a 26 personas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los individuos eran requeridos por acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y personas, homicidio, armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.
La tercera operación se realizó el 20 de enero de 2026, cuando México entregó a otras 37 personas. El Departamento de Justicia estadounidense informó que enfrentaban cargos federales por delitos como narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y apoyo material a organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos.
Investigaciones y cooperación bilateral
Las declaraciones de Carter mantienen la atención sobre las investigaciones relacionadas con posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales, así como sobre los mecanismos de colaboración entre México y Estados Unidos.
En el caso de Rubén Rocha Moya, el Gobierno mexicano ha solicitado que las autoridades estadounidenses aporten las pruebas que sustenten sus señalamientos. La Secretaría de Gobernación informó en agosto de 2026 que la Fiscalía General de la República mantenía abiertas investigaciones relacionadas con las diez personas señaladas por el Departamento de Justicia estadounidense.
Las acusaciones contra funcionarios deben distinguirse de las responsabilidades penales que puedan establecerse mediante los procedimientos judiciales correspondientes. Hasta que exista una resolución judicial, los señalamientos no constituyen por sí mismos una declaración de culpabilidad.
