Cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en los incendios registrados en los accesos del Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia, durante los disturbios ocurridos el domingo 18 de octubre en Guadalajara, después de una movilización ciudadana para exigir agua potable de calidad.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que los detenidos viajaban en una camioneta con reporte de robo, en cuyo interior fueron localizados bidones de gasolina. Hasta el lunes 19 de octubre, las autoridades no habían informado públicamente las identidades de los arrestados ni precisado los delitos que se les imputarían.
De acuerdo con el mandatario, al concluir la concentración principal, un grupo de aproximadamente 300 personas permaneció en el Centro Histórico y provocó daños en edificios públicos. Los incidentes incluyeron el lanzamiento de petardos y bombas molotov, la ruptura de cristales, pintas en las fachadas y daños a cámaras de vigilancia.
Los incendios afectaron las puertas del recinto legislativo y del edificio del Poder Judicial. También se reportaron actos vandálicos en el Palacio de Gobierno, donde algunas personas derribaron las vallas de protección y las colocaron frente a uno de los accesos. Elementos policiales intervinieron para controlar los incendios y atender los incidentes.
La movilización había sido convocada por segundo domingo consecutivo para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los participantes reclamaron medidas que garanticen el suministro de agua limpia en los hogares y respuestas de las autoridades ante las denuncias ciudadanas.
La protesta también buscaba exigir justicia para las personas detenidas durante la manifestación del 11 de octubre, así como investigaciones sobre presuntas agresiones y uso excesivo de la fuerza por parte de policías durante aquella jornada. Entre las demandas figuró la revocación del mandato de Pablo Lemus.
La concentración estaba prevista en el Parque Rojo, desde donde los asistentes se dirigirían al Palacio de Gobierno. Sin embargo, la movilización fue suspendida temporalmente ante las advertencias sobre la posible presencia de grupos que buscarían provocar enfrentamientos. Posteriormente, se registraron los ataques contra los inmuebles públicos.
Ante la jornada de protesta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a las autoridades garantizar los derechos de expresión y manifestación, así como evitar el uso innecesario de la fuerza. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco también brindó acompañamiento para observar la actuación de las corporaciones de seguridad.
El Gobierno estatal desplegó un operativo con un centro de mando y la participación de policías, personal de Protección Civil y servicios médicos para atender las incidencias. Por su parte, la Universidad de Guadalajara se deslindó de las personas que participaron en los actos violentos y portaban camisetas de los Leones Negros, al señalar que el uso de esas prendas no implica representar a la institución.
Los hechos se suman a las investigaciones por los incidentes ocurridos durante la primera protesta. El 16 de octubre, un juez vinculó a proceso a cuatro personas por presuntos delitos de lesiones y agresiones a representantes de la autoridad, tras una audiencia que se prolongó por más de cuatro horas.
Las autoridades mantienen las investigaciones sobre los disturbios del 18 de octubre y la presunta participación de las cinco personas detenidas. Mientras tanto, las demandas por el acceso a agua de calidad y el esclarecimiento de las actuaciones policiales continúan en el centro de la inconformidad ciudadana en Guadalajara.
