redacción EI Coahuila.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Guerrero inició una investigación formal contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho, luego de una denuncia relacionada con la posesión de un artículo de lujo cuyo origen no ha sido plenamente aclarado.
La carpeta de investigación fue abierta tras una denuncia presentada por Ramiro Solorio Almazán, excandidato a la presidencia municipal, quien señaló como posible irregularidad el uso público de un collar de la marca Van Cleef & Arpels, valuado en aproximadamente 227 mil pesos, que la funcionaria habría portado durante una sesión de Cabildo.
Como parte de las diligencias iniciales, la Fiscalía General del Estado solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero la documentación que acredita a López Rodríguez como presidenta municipal, además de girar una orden de presentación para que comparezca ante el Ministerio Público y rinda su declaración en torno a los hechos denunciados.
La acusación se sustenta en lo dispuesto por el artículo 283 del Código Penal del Estado de Guerrero, que tipifica el delito de cohecho cuando un servidor público solicita o recibe beneficios, regalos o promesas con valor económico vinculados con el ejercicio de sus funciones, ya sea para beneficio propio o de terceros.
De acuerdo con la legislación local, cuando el valor del bien recibido supera las mil Unidades de Medida y Actualización, las sanciones pueden alcanzar penas de entre seis y 16 años de prisión, además de multas que oscilan entre 300 y 800 UMAs, lo que coloca el caso dentro de un rango de alta gravedad penal.
La controversia surgió después de que imágenes de la alcaldesa portando el collar durante una sesión oficial se difundieran ampliamente en redes sociales y medios locales. Al ser cuestionada públicamente sobre el origen del accesorio, López Rodríguez afirmó que se trató de un obsequio recibido por parte de ciudadanos, declaración que fue incorporada al expediente ministerial como parte de los elementos de análisis.
Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción ha tomado declaración a dos testigos presenciales, además del denunciante, y continúa con la integración de pruebas para determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente contra la funcionaria. El caso permanece en etapa preliminar y se prevé que en los próximos días se definan las acciones legales subsecuentes.
La investigación ha generado un amplio debate público, especialmente por el uso de artículos de alto valor económico por parte de servidores públicos en un contexto de desigualdad social y crisis financiera en el municipio de Acapulco.
