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Durante 2024, el Estado mexicano retornó a sus países de origen a al menos 243 personas con necesidades de protección internacional, una práctica que contraviene el principio de no devolución, que prohíbe expulsar a individuos a territorios donde su vida o su libertad corren peligro, de acuerdo con un informe elaborado por el Grupo de Trabajo de No Devolución.
El documento, titulado El principio de no devolución (non-refoulement) en México 2024, señala que la mayoría de los casos documentados corresponden a personas refugiadas o solicitantes de asilo, cuyos procesos fueron interrumpidos mediante detenciones, traslados forzados y deportaciones aceleradas. La información fue dada a conocer por el medio Animal Político y confirmada por testimonios de organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos.
Del total de personas entrevistadas, 65 por ciento eran hombres y 35 por ciento mujeres; además, 92 por ciento eran personas adultas y 8 por ciento niñas, niños y adolescentes. En 131 casos, las personas ya contaban con reconocimiento oficial como refugiadas, mientras que otras 45 se encontraban en trámite de solicitud de asilo al momento de su devolución.
El informe identifica a entidades como Baja California, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco y Chiapas como focos principales de detención y riesgo de deportación. En estos estados se documentaron traslados forzados desde estaciones migratorias del norte y centro del país hacia el sur, una práctica que, según el reporte, invisibiliza el paradero de las personas migrantes, las mantiene incomunicadas y facilita su expulsión inmediata.
Luis Xavier Carrancá Álvarez, abogado de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, advirtió que las autoridades migratorias no solo omiten garantizar los derechos de las personas refugiadas, sino que en algunos casos destruyen documentos oficiales para acelerar su deportación. A su juicio, la política migratoria actual opera como un mecanismo deshumanizante que prioriza el control y la expulsión sobre la protección.
El sur del país, particularmente Chiapas, se ha convertido en un punto de concentración forzada para personas que buscan asilo. En ciudades como Tapachula, el informe documenta redadas en espacios públicos y detenciones arbitrarias, incluso de personas que acudían a citas programadas ante autoridades migratorias. En varios testimonios se reportó la destrucción de constancias y credenciales por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración.
De forma paralela, se registró una caída drástica en la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, documento clave para proteger a solicitantes de refugio de la detención y permitirles acceso a trabajo, salud y educación. Mientras que en 2023 se otorgaron más de 94 mil tarjetas, en 2024 apenas se emitieron 618, una reducción superior al 99 por ciento, según cifras oficiales citadas en el informe.
La niñez migrante también se ha visto gravemente afectada. Datos del Instituto para las Mujeres en la Migración indican que entre enero y octubre de 2025 fueron retornados a sus países 1,364 niñas, niños y adolescentes, principalmente originarios de Honduras, Guatemala y Venezuela. De acuerdo con la abogada Sandra Mejía Martínez, muchas de estas devoluciones se realizaron sin cumplir con el proceso de determinación del interés superior de la niñez, lo que constituye una violación grave a sus derechos.
El informe también cuestiona el papel del Poder Judicial, al señalar que en múltiples casos no se emitieron resoluciones de fondo para proteger a las personas migrantes, y que algunas decisiones reflejan criterios restrictivos o discriminatorios.
Todo ello ocurre en un contexto en el que México ha dejado de ser únicamente un país de tránsito para convertirse en un destino de solicitantes de refugio. Tan solo en 2024 se registraron cerca de 79 mil solicitudes de asilo, lo que representa un crecimiento de más de 3,500 por ciento en la última década. Sin embargo, la capacidad institucional no ha crecido al mismo ritmo: en la Ciudad de México, albergues operan hasta cinco veces por encima de su capacidad, afectando de manera particular a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y menores no acompañados.
El reporte concluye que, pese al discurso oficial en favor de los derechos humanos, México vulnera de forma sistemática el principio de no devolución y ha consolidado una política migratoria centrada en la detención, la expulsión y el debilitamiento del acceso a derechos fundamentales para quienes buscan protección internacional.
con información de ACNUR
