Redacción
Estados Unidos presentó cargos criminales contra el exmandatario cubano Raúl Castro, acusado de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996.
La acusación fue presentada ante una corte federal en Miami y está relacionada con el caso de las aeronaves de la organización “Hermanos al Rescate”, abatidas por aviones militares cubanos cuando sobrevolaban aguas internacionales. En el ataque murieron cuatro personas vinculadas al grupo humanitario que auxiliaba a balseros cubanos que intentaban escapar de la isla.
De acuerdo con documentos judiciales y reportes de medios estadounidenses, Washington sostiene que Raúl Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas, habría autorizado o coordinado la operación militar que terminó con el derribo de las avionetas. Además de Castro, fueron imputados varios exmandos militares cubanos presuntamente involucrados en la operación.
El caso revive uno de los episodios más tensos entre Estados Unidos y la dictadura cubana. Organismos internacionales concluyeron años atrás que las aeronaves fueron derribadas fuera del espacio aéreo cubano, contradiciendo la versión oficial del régimen castrista, que aseguró que se trató de una acción defensiva.
La imputación representa un golpe político y simbólico contra el aparato del régimen comunista cubano, señalado durante décadas por represión política, persecución a opositores, falta de libertades civiles y control autoritario sobre la población. La ofensiva judicial estadounidense ocurre además en medio de una profunda crisis económica en Cuba, marcada por apagones constantes, desabasto de alimentos y medicinas, colapso energético y una migración masiva de ciudadanos que buscan escapar de la pobreza y las condiciones de vida en la isla.
Aunque especialistas consideran poco probable que Raúl Castro sea extraditado debido a que permanece en Cuba, la acusación incrementa la presión diplomática y judicial sobre la cúpula histórica del castrismo. Funcionarios estadounidenses señalaron que los cargos podrían derivar incluso en pena de muerte.
