La bancada de Morena en la Cámara de Diputados retiró la iniciativa de reforma secundaria que buscaba regular la nulidad de elecciones por intervención extranjera, por lo que la nueva disposición ya no podrá aplicarse en los comicios federales intermedios de 2027 y, en caso de concretarse, entraría en vigor hasta la elección presidencial de 2030.
La decisión fue confirmada por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien reconoció que los tiempos legislativos ya no permiten concluir el proceso de aprobación antes del inicio formal del próximo proceso electoral federal.
El coordinador parlamentario de Morena explicó que la Constitución mexicana establece restricciones para modificar normas electorales dentro de los tres meses previos al arranque oficial de un proceso electoral, situación que impide completar la discusión y aprobación de la legislación secundaria en el plazo requerido.
Monreal detalló que, aunque el Senado aprobó durante la madrugada la reforma constitucional relacionada con nuevas causales de nulidad electoral, todavía faltan etapas indispensables para su entrada en vigor, entre ellas la declaratoria de constitucionalidad y la aprobación de las leyes reglamentarias correspondientes.
Indicó que aun si la legislación secundaria se discutiera en un periodo extraordinario o durante el próximo periodo ordinario en septiembre, sus efectos jurídicos ya no podrían aplicarse para la elección intermedia de 2027.
Ante este escenario, el legislador envió un oficio a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, solicitando formalmente retirar el dictamen del orden del día.
En el documento, respaldado también por coordinadores parlamentarios, Morena argumentó que la propuesta requiere un mayor proceso de diálogo y construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas debido a la relevancia de la reforma electoral.
El oficio sostiene que la iniciativa relacionada con nuevas causales de nulidad debe analizarse mediante un procedimiento legislativo “abierto, responsable e incluyente”, con el propósito de fortalecer el contenido del proyecto antes de una eventual aprobación definitiva.
Horas antes, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional impulsada por Morena, PT y sus aliados para incorporar la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones federales y estatales.
La minuta fue avalada con 85 votos a favor y 42 en contra, alcanzando la mayoría calificada necesaria para ser enviada a los congresos estatales. Para que la modificación constitucional entre en vigor, deberá ser aprobada por al menos 17 legislaturas locales.
Sin embargo, sin la legislación secundaria que defina criterios, procedimientos y alcances de aplicación, la reforma no podrá utilizarse legalmente en los próximos procesos electorales federales.
Durante la discusión en el Senado, legisladores de oposición expresaron preocupaciones sobre la redacción de la iniciativa y advirtieron posibles riesgos de interpretación discrecional.
La senadora priista Carolina Viggiano señaló que la medida podría utilizarse políticamente para impugnar resultados electorales incómodos, mientras que la coordinadora panista Guadalupe Murguía afirmó que el concepto de intervención extranjera no establece parámetros suficientemente claros y podría generar afectaciones a la libertad de expresión y al trabajo de organismos internacionales.
En contraste, legisladores oficialistas defendieron la propuesta argumentando que México enfrenta riesgos crecientes de injerencia externa mediante campañas de desinformación digital, financiamiento ilegal y posibles ciberataques dirigidos a procesos democráticos.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, sostuvo que la reforma busca garantizar que las decisiones políticas y electorales sean tomadas únicamente por ciudadanos mexicanos y sin presiones provenientes del extranjero.
Senadores de Morena y aliados también señalaron que otras democracias han incorporado mecanismos legales similares para combatir intentos de influencia externa en elecciones y procesos políticos.
