La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició acciones penales contra seis personas presuntamente involucradas en la simulación de un secuestro denunciado por la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien aseguró haber sido privada de la libertad a finales de mayo.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la denuncia presentada por la presidenta municipal el pasado 1 de junio habría formado parte de un montaje cuyo objetivo era obtener un pago de rescate por 40 millones de pesos. Según la hipótesis de la Fiscalía, los recursos habrían salido del erario municipal para cubrir un presunto desfalco financiero.
Las indagatorias señalan como involucrados a familiares cercanos de la alcaldesa, entre ellos su esposo y su cuñado, además de otras personas que habrían participado en la supuesta planeación y ejecución de los hechos.
La Fiscalía mexiquense precisó que obtuvo órdenes de aprehensión por el delito de simulación de secuestro contra varios de los presuntos implicados. Tres personas ya fueron detenidas, mientras que otras dos permanecen prófugas y son buscadas por las autoridades.
En el caso de Nancy Nápoles Pacheco, la dependencia confirmó que también enfrenta acusaciones relacionadas con la presunta simulación del delito y que su audiencia judicial está programada para el próximo 9 de julio.
La funcionaria, identificada políticamente con Morena, fue diputada local antes de asumir la presidencia municipal de Tenancingo y actualmente forma parte de la estructura partidista en el Estado de México.
Según la versión inicialmente presentada por la alcaldesa ante las autoridades, el supuesto secuestro ocurrió el 31 de mayo y logró escapar horas después de sus captores. Sin embargo, las investigaciones posteriores llevaron a la Fiscalía a concluir que los hechos denunciados no habrían ocurrido como fueron relatados.
El caso ha generado atención debido a la gravedad de las acusaciones. La simulación de secuestro es un delito contemplado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. De acuerdo con dicha legislación, los particulares que sean encontrados responsables podrían enfrentar penas de hasta 16 años de prisión.
Además, dos de los implicados son investigados por el delito de extorsión, conducta que podría derivar en sanciones aún mayores en caso de acreditarse ante los tribunales.
Por otra parte, la posible afectación de 40 millones de pesos a las finanzas municipales abrió una nueva línea de investigación. La Fiscalía dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para que determinen si existieron irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El caso ahora avanzará en la vía judicial, donde corresponderá a las autoridades determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados y esclarecer si efectivamente se intentó utilizar una denuncia de secuestro para justificar la salida de recursos públicos.
