Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la libertad de expresión forma parte de los principios que defiende su Gobierno, aunque sostuvo que el ejercicio pleno de la libertad también está relacionado con el bienestar social.
Durante un acto público realizado en Oaxaca, la mandataria incluyó la libertad, la justicia social, la democracia, la soberanía y la independencia entre los valores que, aseguró, orientan a la llamada Cuarta Transformación.
Sheinbaum señaló que la libertad abarca el derecho de la población a expresarse, reunirse, manifestarse y sostener distintas ideas. Sin embargo, consideró que estas libertades deben estar acompañadas de condiciones que permitan a las personas acceder a una vida digna.
“Porque no se es libre cuando no se tiene suficiente bienestar”, expresó al defender la prioridad que su administración otorga a las políticas sociales.
La presidenta también vinculó la democracia con la participación ciudadana y sostuvo que la soberanía nacional debe ejercerse sin intervenciones externas, de acuerdo con las decisiones tomadas por la población mexicana.
Continúa consulta sobre derechos de las audiencias
Las declaraciones se producen mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene abierta, hasta el 21 de agosto, la consulta pública sobre los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
La propuesta contempla que los medios de radio y televisión cuenten con códigos de ética, defensores de las audiencias y procedimientos para recibir y atender inconformidades.
De acuerdo con la Comisión, las medidas buscan garantizar que los contenidos informativos sean veraces, plurales, claros, respetuosos e incluyentes.
El proyecto también prevé la participación del organismo regulador cuando una persona no esté de acuerdo con la resolución emitida por el defensor de las audiencias o cuando un medio de comunicación no atienda las recomendaciones formuladas.
El Gobierno federal ha sostenido que la regulación no tiene como objetivo establecer mecanismos de censura, sino fortalecer el derecho constitucional de la población a recibir información.
Iglesia y organizaciones advierten riesgos para la libertad editorial
La propuesta ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, especialistas y representantes de la Iglesia católica, quienes han advertido que algunos mecanismos podrían afectar la autonomía de los medios y abrir espacios para intervenciones administrativas en contenidos informativos y opiniones.
La Arquidiócesis Primada de México señaló que ninguna autoridad administrativa debería tener la facultad de determinar la “veracidad, legitimidad o aceptabilidad” de las opiniones.
Asimismo, pidió que las disposiciones sean revisadas para evitar que la protección de los derechos de las audiencias derive en mecanismos de censura previa.
La organización Artículo 19 y otros especialistas también han expresado preocupaciones sobre posibles intervenciones gubernamentales en las líneas editoriales, la discrecionalidad en la resolución de controversias y la falta de independencia de algunos procedimientos contemplados en el proyecto.
Persisten riesgos para el ejercicio periodístico
El debate sobre la regulación ocurre en un contexto de riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo periodístico en México.
De acuerdo con datos difundidos por Artículo 19, durante 2025 se documentaron 451 agresiones contra integrantes de la prensa, un promedio equivalente a una agresión cada 20 horas.
El registro también incluyó la desaparición de una persona periodista y siete asesinatos relacionados con el ejercicio de la labor informativa.
Mientras el Gobierno federal defiende que los lineamientos buscan fortalecer el derecho a la información y mejorar los mecanismos de atención a las audiencias, organizaciones y especialistas han solicitado que la regulación preserve la independencia editorial y evite facultades que puedan convertirse en restricciones a la libertad de expresión.
La consulta pública continuará abierta hasta el 21 de agosto, periodo durante el cual ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y especialistas podrán presentar observaciones sobre el contenido de la propuesta.
