El consorcio acumula al menos 15 incidentes ambientales documentados; especialistas advierten que las sanciones actuales tienen un alcance limitado como mecanismo de prevención.
Ciudad de México.— Las sanciones económicas y los compromisos de reparación impuestos a Grupo México por diversos incidentes ambientales representan una proporción reducida frente a la capacidad financiera del consorcio y de su principal accionista, Germán Larrea.
De acuerdo con un reportaje publicado por Animal Político, Grupo México acumula al menos 15 accidentes e incidentes ambientales documentados por autoridades y organismos públicos durante los últimos años.
Las multas, sanciones y compromisos de reparación derivados de esos casos suman alrededor de mil 524 millones de pesos. De acuerdo con las estimaciones citadas en el reportaje, esta cantidad equivale aproximadamente al 0.12 por ciento de la fortuna atribuida por Forbes a Germán Larrea.
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Samuel Rosado-Zaidi, señaló que el marco jurídico ambiental mexicano establece las sanciones con base en las infracciones cometidas y no considera de manera directa la capacidad económica de las empresas o de sus propietarios.
Según el especialista, este criterio puede limitar el efecto disuasorio de las multas, debido a que las sanciones podrían no representar un impacto financiero suficiente para modificar las prácticas de prevención de grandes corporaciones.
El derrame del Río Sonora, el caso de mayor impacto
El incidente con mayores consecuencias atribuido a Grupo México ocurrió el 6 de agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Sonora.
En ese hecho, alrededor de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado fueron derramados y contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi. El episodio ha sido considerado uno de los mayores desastres ambientales relacionados con la minería moderna en México.
Tras las investigaciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso multas por 22.9 millones de pesos, luego de identificar 55 irregularidades relacionadas con el incidente.
Posteriormente, como parte del Plan de Justicia para el Río Sonora, Grupo México acordó aportar mil 500 millones de pesos para proyectos de infraestructura hospitalaria, plantas potabilizadoras, obras hidráulicas y acciones de remediación ambiental en las comunidades afectadas.
El análisis señala que la contaminación alcanzó la presa El Molinito, infraestructura relevante para el abastecimiento de agua de Hermosillo y para uno de los principales sistemas de riego agrícola de Sonora.
Otros incidentes y afectaciones
A las sanciones relacionadas con el derrame de 2014 se suman otros procedimientos derivados de incidentes ocurridos en actividades mineras y ferroviarias.
Entre ellos se encuentran derrames de jales mineros en Zacatecas, accidentes ferroviarios en Sonora y el vertimiento de ácido sulfúrico registrado en la terminal marítima de Guaymas.
En este último caso, las autoridades no hicieron público el monto de la sanción aplicada.
Rosado-Zaidi señaló que las afectaciones ambientales pueden generar consecuencias que van más allá del incumplimiento de normas administrativas.
Entre los impactos mencionó daños a las actividades agrícolas y ganaderas, restricciones en el acceso al agua, afectaciones a los ecosistemas y pérdidas económicas para las comunidades.
El investigador advirtió que la recuperación de algunos ecosistemas puede requerir periodos prolongados y que los efectos de la contaminación pueden extenderse a regiones alejadas del lugar donde ocurre el incidente.
Plantean modificar el esquema de sanciones
El especialista consideró necesario revisar los criterios utilizados para determinar las sanciones ambientales e incorporar evaluaciones que contemplen el impacto integral sobre las cuencas y los ecosistemas.
También planteó fortalecer la participación de las comunidades afectadas, ampliar las capacidades de inspección y vigilancia de la Profepa y analizar la posibilidad de que determinados daños ambientales sean investigados y sancionados mediante mecanismos penales.
El análisis citado señala que Sonora concentra una de las mayores superficies concesionadas para actividades mineras en el país, con aproximadamente 31.92 por ciento de su territorio destinado a proyectos extractivos.
A nivel nacional, las concesiones mineras representaban cerca de 19 por ciento del territorio mexicano en 2023, de acuerdo con los datos referidos por el investigador.
