A 15 años del ataque contra el Casino Royale de Monterrey, familiares de las víctimas denunciaron que los responsables no han sido plenamente castigados y señalaron que, de los procesos derivados de la masacre, únicamente una sentencia corresponde al grupo de personas directamente procesadas.
El ataque ocurrió el 25 de agosto de 2011, cuando un grupo de hombres armados presuntamente vinculado con Los Zetas incendió el establecimiento y bloqueó sus accesos mientras había personas en el interior. El saldo fue de 52 personas fallecidas, entre ellas dos mujeres embarazadas.
De acuerdo con la versión oficial sobre el móvil del atentado, el casino habría sido atacado después de que su propietario se negara a pagar una extorsión al grupo criminal.
Samara Pérez Muñiz, vocera de los familiares, señaló que la causa penal principal y otras 14 causas acumuladas involucraron investigaciones contra 25 personas relacionadas con el ataque y el incendio.
Explicó que actualmente cuatro personas permanecen en etapa de instrucción, seis procesos tuvieron que ser repuestos, 11 cuentan con sentencias apeladas y dos procedimientos concluyeron debido al fallecimiento de los acusados.
También existen dos sentencias firmes, aunque únicamente una corresponde a personas procesadas directamente por los hechos del Casino Royale; la segunda deriva de una causa acumulada.
Ante este escenario, los familiares exigieron que quienes participaron en el ataque respondan ante la justicia y que se esclarezcan plenamente las responsabilidades por las 52 muertes.
Durante el 15 aniversario de la tragedia, familiares acudieron al memorial dedicado a las víctimas para realizar una ceremonia religiosa y colocar ofrendas florales.
Pérez Muñiz también informó que los familiares promovieron un amparo contra la intención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de concluir la recomendación emitida a raíz de los hechos.
La representante consideró que el cierre de ese procedimiento sería prematuro mientras permanecen abiertos procesos penales y, según los familiares, continúan pendientes aspectos relacionados con verdad, justicia, reparación y memoria.
El caso se encuentra judicializado y avanzó a una etapa de revisión ante un Tribunal Colegiado.
Además del seguimiento judicial, los familiares buscan impulsar cambios institucionales. Pérez Muñiz acudió al Congreso de Nuevo León para presentar una iniciativa denominada Ley para la Gestión Institucional y Garantía de Derechos en Macroprocesos Judiciales.
La propuesta plantea establecer mecanismos de coordinación para casos con numerosas víctimas, personas procesadas, causas acumuladas, recursos legales y amparos, con el propósito de evitar contradicciones, pérdida de continuidad y prolongados periodos de incertidumbre.
La iniciativa fue presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso estatal antes de la ceremonia conmemorativa por los 15 años del ataque.
