Ciudad de México.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha extendido el uso de drones como herramienta de vigilancia y para realizar ataques en al menos cinco estados del país, de acuerdo con investigaciones de especialistas en seguridad y crimen organizado.
La estructura ha sido identificada en Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y Baja California, donde los dispositivos han sido utilizados dentro de las actividades operativas del grupo criminal.
Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, explicó que el CJNG no fabrica sus propios drones, sino que adapta equipos disponibles comercialmente para incorporarlos a sus operaciones.
Según el especialista, algunos de estos aparatos han sido utilizados para transportar y lanzar artefactos explosivos contra posiciones de fuerzas de seguridad, instalaciones y vehículos.
Entre los antecedentes documentados se encuentra un ataque en el que un helicóptero del Ejército fue alcanzado durante una agresión que combinó disparos y un artefacto explosivo transportado por un dron.
El empleo de estos dispositivos también se ha relacionado con incidentes registrados en Michoacán en los que drones transportaron sustancias químicas que provocaron afectaciones respiratorias entre habitantes. Estos episodios muestran una diversificación en el uso de tecnología comercial por parte de grupos delictivos.
InSight Crime documentó desde 2025 la existencia de una estructura conocida como “Operadores Droneros”, especializada en el manejo de drones y artefactos explosivos. Según esa investigación, la unidad habría comenzado a operar alrededor de 2020 y concentró inicialmente sus actividades en Jalisco y Michoacán.
En sus primeros años, los drones fueron utilizados principalmente dentro de enfrentamientos entre grupos criminales y en disputas por el control territorial. Posteriormente, su empleo se habría extendido a otras zonas donde el CJNG mantiene presencia.
La organización también habría utilizado imágenes de algunos ataques difundidas en redes sociales como una forma de propaganda e intimidación hacia grupos rivales y comunidades.
Los integrantes de la estructura han sido identificados en investigaciones periodísticas por utilizar un distintivo circular con una calavera, el nombre “Operadores Droneros” y las siglas CJNG.
Los registros de 2025 ubicaban ataques con drones y artefactos explosivos principalmente en Michoacán, Chihuahua y Guanajuato. La información más reciente señala además operaciones relacionadas con esta tecnología en Jalisco y Baja California.
El uso criminal de drones tampoco se limita al CJNG. De acuerdo con McDermott, otras organizaciones como Cárteles Unidos y Los Ardillos también cuentan con antecedentes de utilización de estos dispositivos.
Además de transportar explosivos, los drones pueden proporcionar capacidades de vigilancia y reconocimiento. Su utilización permite observar movimientos de fuerzas de seguridad, supervisar rutas y obtener información sobre determinados puntos antes de realizar otras acciones.
La disponibilidad de equipos comerciales constituye uno de los principales desafíos para las autoridades. Los avances tecnológicos permiten acceder a aparatos con diferentes niveles de autonomía, alcance y capacidad de carga sin que los grupos criminales tengan que desarrollar aeronaves desde cero.
Ante este escenario, México y Estados Unidos han comenzado a fortalecer su cooperación para enfrentar el uso ilícito de sistemas aéreos no tripulados.
El 17 de agosto, ambos países suscribieron una declaración de intenciones orientada a ampliar la cooperación tecnológica en esta materia. El entendimiento contempla que instituciones de defensa mexicanas puedan acceder a una plataforma digital de adquisiciones del Ejército estadounidense para obtener sistemas no tripulados y equipos destinados a detectarlos, interferirlos o neutralizarlos.
La respuesta de las autoridades también enfrenta limitaciones legales y prácticas debido a que los drones tienen numerosos usos civiles y su comercialización es legal. Por ello, las medidas de seguridad deben concentrarse en identificar y combatir su utilización con fines delictivos.
Especialistas advierten que la neutralización de los drones no elimina por sí misma la capacidad operativa de las organizaciones criminales. Estos dispositivos forman parte de un conjunto más amplio de herramientas utilizadas para vigilancia, disputa territorial y enfrentamiento con las autoridades.
El reto para las instituciones de seguridad consiste tanto en responder a los ataques como en anticipar la incorporación de nuevas tecnologías por parte de los grupos delictivos.
