CULIACÁN, SINALOA.— La investigación sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda volvió a cobrar relevancia casi dos años después de su muerte, luego de la detención de Fausto “N”, quien es señalado por la Fiscalía General de la República como probable responsable de encubrimiento relacionado con el homicidio y de falsedad de declaraciones.
Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador del Partido Sinaloense, fue asesinado el 25 de julio de 2024 en Culiacán. Su muerte ocurrió el mismo día en que Ismael “El Mayo” Zambada fue privado de la libertad y posteriormente trasladado a Estados Unidos.
La primera versión difundida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa sostuvo que Cuén había sido víctima de un intento de robo en una gasolinera. Sin embargo, la investigación federal posteriormente descartó esa explicación al encontrar inconsistencias en las evidencias y en las diligencias realizadas inicialmente.
La FGR estableció que existían elementos para considerar que la agresión que provocó la muerte de Cuén estaba relacionada con los hechos ocurridos en un inmueble ubicado al norte de Culiacán, donde también habría sido privado de la libertad Zambada.
El propio Zambada había señalado en una carta difundida en agosto de 2024 que fue llevado mediante engaños a una reunión en la que esperaba encontrarse con Cuén y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Según esa versión, Joaquín Guzmán López lo sometió y posteriormente lo trasladó fuera del país.
La investigación federal tomó esa versión como una de las líneas para reconstruir lo ocurrido aquel 25 de julio. La FGR aseguró posteriormente el inmueble y señaló que ahí se habrían cometido delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad de Zambada y la agresión que terminó con la muerte de Cuén.
Fausto “N”, cercano a Cuén y señalado como la persona que lo acompañó durante los acontecimientos, fue detenido el 19 de agosto de 2026 en la Ciudad de México. La FGR informó que obtuvo prisión preventiva justificada y posteriormente consiguió que fuera vinculado a proceso por su probable participación en el encubrimiento del homicidio y por falsedad de declaraciones.
De acuerdo con la Fiscalía, durante la investigación se identificaron elementos que apuntan a que Fausto “N” habría proporcionado información falsa a las autoridades sobre las circunstancias en que ocurrió el asesinato.
La detención reactivó también el interés sobre la primera investigación realizada por las autoridades de Sinaloa. La FGR había señalado desde 2024 inconsistencias en los peritajes y en la reconstrucción de los hechos ocurridos supuestamente en la gasolinera.
Entre las irregularidades identificadas se mencionó que no se encontraron elementos que permitieran sostener que los disparos se hubieran producido en la estación de servicio y que las imágenes disponibles tampoco permitían establecer de manera concluyente que la persona atacada ahí fuera Cuén.
La investigación federal también derivó en cuestionamientos contra funcionarios que participaron en las primeras diligencias. La entonces fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, presentó su renuncia después de que la FGR asumiera el caso y señalara inconsistencias en la investigación estatal.
El caso tiene además una dimensión política debido a la relación que mantenían Cuén y Rocha Moya. Ambos habían sido aliados políticos, pero con el paso de los años sus diferencias se profundizaron, particularmente alrededor de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del control político en el estado.
Rocha Moya ha negado haber participado en la reunión del 25 de julio de 2024 y ha rechazado señalamientos que lo relacionen con actividades delictivas. El Gobierno de Sinaloa informó en su momento que el mandatario había solicitado que se investigara el asesinato de Cuén con apego a los hechos y al marco jurídico.
La detención de Fausto “N” ocurre además en un contexto de nuevas investigaciones federales relacionadas con los acontecimientos del 25 de julio de 2024. La FGR también informó en agosto de 2026 sobre la detención de una persona considerada probable implicada en el secuestro de Ismael Zambada.
El caso de Cuén permanece abierto y las acusaciones contra las personas involucradas deberán ser acreditadas ante los tribunales. La FGR ha señalado expresamente que las personas imputadas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.
A casi dos años del asesinato, la investigación federal mantiene como uno de sus principales objetivos establecer qué ocurrió realmente con Cuén, quiénes participaron en su muerte y qué relación tuvieron esos hechos con la operación mediante la cual “El Mayo” Zambada fue privado de su libertad y llevado a Estados Unidos.
